Demanda colectiva pide reparar flora y fauna dañadas, fertilización de suelos y reimplantación de cultivos.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 24 de junio de 2015
La juez federal argentina Claudia Rodríguez Vidal, aceptó la demanda colectiva que ordena al Poder Ejecutivo Nacional, suspender de manera provisional la liberación indiscriminada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), en violación de la ley de semillas vigente. El fallo es considerado histórico.
Presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Daniel Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gómez, Miguel Araya, Horacio Belosi y Santiago Kaplun, este reurso legal es contra el gobierno argentino por incumplir su deber de control y contra un grupo de multinacionales productoras de OGM, por su acción contaminante.
Las sociedades agroindustriales señaladas son Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy y Bayer, entre otras; las cuales producen principalmente semillas modificadas de soya, maíz, algodón y arroz, además del paquete químico encadenado a su uso (glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes).
Dicha instancia busca también que se etiqueten los productos que contengan transgénicos. Durante la presentación, los abogados demandantes, exhortaron al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del recurso suelo.
Solicitaron que se condene a las empresas demandadas a “reparar” la flora y fauna dañadas mediante la reimplantación de cultivos convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies.
Si no es posible, buscarán que se las condene al pago de una suma de dinero, cantidad que sería determinada por algún sistema de monetarización de daño ambiental de uso internacional, cuya recaudación permitirá conformar un Fondo de Compensación Ambiental o Fideicomiso, en concepto de resarcimiento, informa el diario argentino La Capital.
Argentina aprobó el uso de transgénicos desde 1996, actualmente se siembran más de treinta millones de hectáreas, donde se vierten más de trescientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente, todo esto sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno.
Aunque este procedimiento ambiental no es el único, ya desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional, las compañías multinacionales productoras de OGM y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
