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Megaproyectos derivan en hostigamiento y criminalización
Especialista de la CIDH analiza casos de autopista Toluca-Naucalpan, nuevo aeropuerto y siembra de soya transgénica; en ninguno hubo consulta previa.

Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 10 de noviembre de 2017

La siembra de soya transgénica en comunidades mayas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM) y la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, son megaproyectos impuestos por las autoridades, que provocan graves impactos en los recursos naturales y han derivado en hostigamiento y criminalización para quien se opone a ellos.

Lo anterior lo destaca el informe “Mecanismos del despojo, tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia”, elaborada por la experta Isabel Madariaga, especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañada en la investigación por el abogado mexicano, Héctor Llampallas.

La especialista, recomienda al gobierno de México “realizar adecuaciones legislativas para garantizar el derecho a la libre determinación y a la autoidentificación indígena”.

Asimismo pide otorgar protección efectiva a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales sobre estos derechos, sancionar a quienes las incumplan y asegurar que las empresas respeten el derecho de los pueblos a la libre determinación y a definir sus prioridades de desarrollo.

La investigación se realizó a petición de las organizaciones Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz) y Oxfam México y se efectuó del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2017, a partir de revisar y analizar información documental, entrevistas con autoridades, con organismos de derechos humanos, comunidades afectadas y visitas a las áreas de los megaproyectos.

El informe describe que en cada uno de los casos analizados se observaron acciones similares en el actuar del Estado contra al respeto y garantía de los derechos humanos como la falta de una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada; no considerar las afectaciones; el incumplimiento de decisiones judiciales por parte de las mismas autoridades; el abuso del poder y la imposición de un modelo de desarrollo.

Autopista en Xochicuautla
En el caso de Xochicuautla el informe detalla las maneras en cómo el gobierno dividió las comunidades afectadas, levantó un padrón de comuneros que excluía a muchos originarios, compró votos en una asamblea (hasta en 40 mil pesos), realizó un decreto presidencial basado en consultas falsas; encarceló a opositores y destruyó viviendas. Relata también el rechazo al megaproyecto carretero por parte de la comunidad.

“La comunidad está consciente de que el proyecto no es sólo una autopista de cuatro carriles, no es sólo la destrucción de su bosque sagrado, sino también de sus fuentes de agua y la llegada de proyectos inmobiliarios interesados en sus bosques, en su paisaje. Consideran que podría terminar con su forma de vida”, señala el informe sobre San Francisco Xochicuautla, pueblo indígena otomí con más de 3 mil habitantes.

Siembra masiva de soya transgénica
En el caso de la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán el informe da cuenta de la pérdida de dos terceras partes del territorio selvático en Hopelchén, para introducir el monocultivo. Se afirma que dicha siembra “genera consecuencias graves para el medio ambiente, alimentación, salud y economía de las comunidades mayas, así como para su supervivencia como pueblo indígena porque también se afecta su cultura y su derecho de libre determinación”.

Los permisos para liberar soya transgénica fueron emitidos sin consultar a las comunidades y en contra de opiniones técnicas de instancias especializadas del propio Estado como la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), narra el informe.

La experta de la CIDH también describe el hostigamiento contra representantes y líderes de las comunidades indígenas, así como de los mecanismos de las autoridades, responsables de implementar una consulta, para dividir a los pueblos mayas.

También destaca que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que impide la siembra de soya transgénica y obliga a la realización de una consulta) no resuelve el problema, pues ésta se sigue sembrando sin que las autoridades intervengan.

Nuevo Aeropuerto Internacional
Sobre la construcción del nuevo aeropuerto en territorios de San Salvador Atenco y Texcoco, el estudio narra las acciones que llevaron al nacimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y la represión policiaca en 2006 que costó la vida de dos personas, agresiones sexuales a más de 30 mujeres y los encarcelamientos de dirigentes campesinos con acusaciones surgidas de premisas falsas.

La puesta en marcha del NAICM, y la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, principalmente, han roto el tejido social de esas comunidades a grados tales “que requerirían para su recuperación un profundo proceso de reconstrucción comunitarias y de confianzas”, señala el informe.

Asimismo enumera las violaciones de derechos humanos en que han incurrido la puesta en marcha de los megaproyectos y hace recomendaciones específicas para cada uno de los casos estudiados.

Entre ellas se recomienda reconocer al Consejo Supremo Otomí de Xochicuautla como órgano de representación de la comunidad y asegurar la protección del bosque sagrado Otomí; supervisar el cumplimiento de la suspensión de la siembra de soya transgénica, prohibir el uso del glifosato en ocho municipios de Campeche y la comercialización de este monocultivo; reducir el impacto del aeropuerto en los ejidos vecinos ya sea mitigando o modificando obras, crear un comité de supervisión de obra con participación efectiva de la comunidad y fomentar la producción agrícola en los ejidos como una forma de mitigación del impacto del NAICM.

Consulta el informe, Mecanismos del despojo, aquí.



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