Comunidad exige a presidenta municipal de Jonotla respetar sus derechos colectivos y libre determinación como pueblo indígena.
El colectivo Ti Yek Sentih (libertad y paz) y la Junta Auxiliar de la comunidad indígena de San Antonio Rayón, en Puebla, denunciaron agresiones y violaciones a sus derechos colectivos, así como la imposición de proyectos con fines mercantiles turísticos en espacios ancestrales y comunitarios.
Los denunciantes responsabilizan de estas acciones a la presidenta municipal de Jontola, Jael Peña Lobato, y a su esposo, Diógenes Méndez Barrera, quien también fue presidente municipal en los dos periodos seguidos anteriores, del 2018 al 2021 y del 2021 al 2024.
Entre los espacios afectados se encuentra la antigua cancha comunitaria, construida hace décadas mediante trabajo comunitario y cooperaciones, donde se realizan las asambleas comunitarias. Además, se afectó el espacio dedicado a la práctica de la Danza de los Voladores, al que le quitaron el palo del volador y, en su lugar, se ha colocado una fuente.
También se ha visto alterado el local de la cooperativa Tosepan Titataniske, que colinda con la cancha comunitaria, que sirve para tener capacitaciones y otras actividades comunitarias, al que se le ha intervenido un muro.
Los denunciantes expresaron que estos espacios no representan únicamente infraestructura sino son parte de la memoria histórica, patrimonio cultural, identidad comunitaria y formas de transmisión intergeneracional de conocimientos, valores y tradiciones.
Además, sostuvieron que dichas modificaciones no fueron acompañadas de procesos de consulta previa, libre e informada, acorde con los derechos de libre determinación, autonomía y participación de los pueblos indígenas reconocidos en el Artículo 2 Constitucional.
Actos de violencia
El 7 de noviembre de 2025 la presidenta municipal de Jontola, Jael Peña Lobato, acompañada de un grupo de personas, “a través de golpes, burlas, gritos y amenazas directas a la integridad del presidente de la Junta Auxiliar, a los socios de la cooperativa Tosepan y a los habitantes de la localidad, comenzó la demolición de los postes de los tableros de la cancha”, denunció el colectivo.
Esa misma noche, este grupo de personas rompieron las cámaras de seguridad del edificio de la Junta Auxiliar, cerraron y encadenaron las entradas del lugar y exigieron la destitución del presidente auxiliar, Eulogio Castañeda, “por no obedecer a la presidenta municipal”. Durante los hechos, la policía municipal nunca tomó acciones para proteger la infraestructura del palacio auxiliar ni la cancha.
Posterior a esto, estas mismas personas impidieron, con machetes en mano, el ingreso de las autoridades comunitarias a la sede de la Junta Auxiliar. Además, destruyeron las lámparas de celdas solares y reflectores que iluminaban la cancha.
Uso del FAISPIAM
El colectivo denunció que el trasfondo de la violencia, consentida por la presidenta municipal y sus regidores, es el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).
La denuncia señala que el secretario del FAISPIAM, Valente Castañeda, “quien se autonombra como líder de la comunidad”, acordó con Jael Peña Lobato, usar el recurso del programa federal (que debería usarse para contrarrestar rezagos sociales de las comunidades indígenas) para construir el parque en la cancha comunitaria.
El colectivo señaló que desde el periodo 2018-2021, el entonces presidente municipal, Diógenes Méndez Barrera, ha intentado quitar la cancha y poner el parque. En 2020 colocó un empedrado en el centro de la comunidad y quitó el palo del volador del centro ceremonial. En 2021, retiró la techumbre de la cancha (que la población utiliza y conoce como auditorio), argumentando riesgos.
Preocupaciones sociales
Entre las principales preocupaciones de la comunidad están el miedo a participar en actividades comunitarias, provocado por la intimidación y amenazas de personas que apoyan a la presidenta municipal, donde participan trabajadores del ayuntamiento y la policía municipal.
También preocupa que se emprendan acciones que debiliten o desconozcan a la Junta Auxiliar, electa mediante sistemas normativos propios, institución que representa una expresión legítima de organización y gobernanza local.
Propuestas para restaurar el tejido social
La comunidad indígena solicitó, en un documento que ya tienen en sus manos la presidenta Claudia Sheinbaum; el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, su intervención para el cese del hostigamiento, de la intimidación, amenazas y violaciones a los derechos colectivos como pueblo indígena.
En dicho documento, y como parte de sus propuestas para reparar el tejido comunitario, anuncian la donación de un terreno para la construcción de una nueva cancha de basquetbol de la comunidad, hecho que se formalizará por la donante, Rosalinda Méndez Arriaga, y su familia, ante la Junta Auxiliar.
Además, se exige respeto al espacio de la cooperativa Tosepan, y se proponen que con recursos de la cooperativa de ahorro Tosepantomin, y faenas, reparar los daños que ha sufrido el local.
Piden reactivar en el centro de la comunidad las asambleas y recibir acompañamiento del INPI para celebrarlas. Además, exigen que el gobierno federal o estatal garanticen la seguridad de las asambleas comunitarias. Asimismo, se pide atender las denuncias presentadas en la Fiscalía estatal contra los daños en la Junta Auxiliar, y atención a las personas agredidas por defender la cancha comunitaria.
Finalmente, se pide la armonización de la reforma a los Derechos de los Pueblos Indígenas con la Ley Orgánica Municipal de Puebla; además, que San Antonio Rayón tenga acceso directo a los recursos del gobierno estatal o federal sin la intervención del Ayuntamiento de Jonotla.
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