Alertan de fraudes por especulación inmobiliaria que puede afectar a varias comunidades.
Habitantes de la comunidad de Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, denunciaron el despojo de un predio comunitario de 27 mil 800 metros y valuado en 100 millones de pesos, conocido en la comunidad como Tepenacaxco, el cual involucra la participación de particulares y el notario público Juan José Brindis Silva.
En conferencia de prensa, el abogado de la comunidad, Maurilio Galeote, informó que la comunidad defenderá el predio e hizo un llamado al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, a intervenir en el asunto antes de que pueda agravarse. Añadió que este tipo de despojos y fraudes para especulación inmobiliaria se han presentado no solamente en Tlaxcalancingo sino en otras comunidades.
El abogado, acompañado de autoridades comunitarias de Tlaxcalancingo, informaron que el jueves 1 de febrero se realizará una asamblea en la explanada donde se tomará la decisión de qué hacer con el predio despojado, una opción sería la recuperación del mismo.
Al realizar una relatoría de cómo ocurrió el despojo, la representación comunitaria explicó que el predio estuvo a resguardo de los mayordomos del Barrio de Santa Tecmanitla por muchos años hasta que en 2010 decidieron rentarlo para actividades deportivas.
En 2018, al gestionar el pago del predial, los mayordomos se enteraron que el predio tenía nuevos dueños. Al investigar el asunto encontraron que el predio fue “vendido” por Juan Raúl Sánchez Alarcón a Mario Alberto Sataraín Carcaño, a través de un supuesto contrato privado de compra venta avalado por el notario Juan José Brindis Silva.
De acuerdo al Periódico Oficial de Tlaxcala, Juan José Brindis Silva, titular de la Notaría Uno de la demarcación de Ocampo, Tlaxcala, está suspendido de funciones desde agosto de 2019 y sujeto a un auto de formal prisión, vinculado al delito de falsificación y alteración de documentos.
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Entonces si son falsos los documentos no solamente deben recuperar las tierras, sino tambien llevar a cabo los procesos contra las personas visiblemente involucradas por fraude, simulacionde actos, falsificacion de documentos oficiales, despojo, amenazas, para ser sometidos a proceso judicial penal y ajusticiados con los tiempos en reclusión en una penitenciaria para que recapaciten unos 20 años, su conducta, o los años que resulten del proceso una vez que se de la sentencia en su contra.