Acción inaudita y de represalia contra el defensor comunitario: Tlachinollan.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló la cuenta bancaria del defensor comunitario Jesús Plácido Galindo, integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan calificó el congelamiento de cuentas como una acción inaudita, desproporcionado y una represalia desde el gobierno por el activismo de Plácido Galindo, quien “ha denunciado las complicidades que existen entre autoridades y grupos de la delincuencia” en Guerrero.
El 26 de junio el Grupo Financiero BBVA México le notificó a Jesús Plácido haber sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, por esa razón, el banco le anunció la suspensión de forma inmediata de “todo acto, operación o servicios presentes y futuros”.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificó al banco del congelamiento de cuenta de Bruno Plácido a través del oficio número 110/G/1483/2026 de fecha 2026-06-08, emitido por la UIF. A su vez, BBVA le comunicó al defensor comunitario que puede ejercer su derecho de audiencia ante la UIF, así como ofrecer pruebas y alegatos en un plazo de 10 días hábiles.
La UIF tiene entre sus tareas prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones relacionados con la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o el financiamiento al terrorismo. En abril de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la UIF no necesitaba una orden judicial para congelar cuentas, lo que generó una reacción de rechazo argumentando que podría usarse esa acción para perseguir opositores y dejarlos en la indefensión.
De acuerdo con Tlachinollan, Jesús Plácido desconoce los motivos que tenga la entidad gubernamental para congelarle la cuenta. Es una acción desmedida porque vive al día, sólo tenía registrados 280 pesos, trabaja en el campo y realiza otras actividades para sostener a sus hijos, y no recibe ningún caudal de recursos para sospechar que sea de procedencia ilícita o que financie al terrorismo, señaló en un comunicado.
La organización recordó que Bruno Plácido contaba con medidas cautelares de parte del mecanismo de protección de personas defensoras, sin embargo le fueron retiradas, lo cual ha puesto en riesgo su seguridad, en un contexto de fuerte violencia contra los pueblos de la montaña baja, donde tiene presencia el CIPOG-EZ.
El 6 de mayo las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán fueron agredidos a balazos y con drones por el crimen organizado, hubo seis personas asesinadas y más de 800 desplazadas. Bruno Plácido denunció en medios de comunicación la violencia y la complicidad de los tres niveles de gobierno en el ataque, así como el abandono a las comunidades.
“La notificación emitida por la UIF tiene un mensaje político, de colocar a Jesús como un delincuente, no solo le han quitado las medidas cautelares, sino que criminalizan su trabajo como defensor comunitario catalogándolo como narcotraficante o terrorista”, denunció Tlachinollan.
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