Violencia en Los Altos de Chiapas ha dejado 200 asesinatos y 3, 200 indígenas desplazados: Frayba
En el aniversario del asesinato del activista indígena Simón Pedro Pérez, ocurrido en Simojovel, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que la violencia estructural contra las comunidades de Los Altos ha dejado 200 asesinatos y 3 mil 200 indígenas desplazados.
Además de la existencia de grupos paramilitares, en julio de 2021 se creó el grupo autodenominado “autodefensa el Machete”, que tomó la cabecera municipal de Pantelhó. Se desplegaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, lo que generó más violencia y terror en la población, señaló el Frayba.
El informe titulado “Bienaventurados los que trabajan por la justicia…” sostiene que el asesinato del integrante de Las Abejas de Acteal no fue un acontecimiento aislado, sino que obedeció a su actividad de defensa de los derechos humanos en medio del aumento de grupos armados ilegales que buscaron el control territorial y acabar con los intentos de organización comunitaria de carácter pacifista, promovida por el propio Simón Pedro.
A lo anterior se le suma el terror implementado por la presidencia municipal de Pantelhó, la ausencia del Estado, corrupción e impunidad, acciones que provocaron asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos. Todos estos hechos fueron denunciados por Simón Pedro y autoridades comunitarias ante la Secretaría de Gobierno de Chiapas días antes de su asesinato, destacó el Frayba.
El informe realiza un recuento de la vida del activista y destaca su participación comunitaria y eclesiástica. Además, describe que luego de un año de su asesinato, la familia de Simón Pedro aún sigue en etapa de duelo, ha desestructurado su proyecto de vida y permanece en una sensación constante de alerta.
El asesinato de Simón Pedro representa una injusticia más que Las Abejas de Acteal ha vivido desde su fundación, como son los múltiples desplazamientos forzados, la masacre en el año 1997, entre otras agresiones, la mayoría las cuales han quedado impunes, subraya el informe.
Las condiciones de violencia se han profundizado, señala el Frayba, pero además el sistema de justicia en Chiapas “amedrenta y criminaliza a las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio”, como la reciente solicitud de aprehensión contra el defensor Marcelo Pérez Pérez y los cinco defensores de San Juan Cancuc que se oponen a la militarización y la imposición de megaproyectos.
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