Decreto también prescribe extracción de agua y megaproyectos.
La primera Asamblea de los Pueblos Cholultecas de Puebla decretó la clausura definitiva del basurero operado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), inaugurado en 2008 y tomado por las comunidades cholultecas el 21 de marzo de 2024. El decreto fue publicado como resultado del encuentro inaugural de la asamblea del 14 de mayo en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, Puebla.
La Asamblea cholulteca organizó su primer encuentro como respuesta al intento de comandos armados de desalojarlos del plantón en el basurero de Cholula el 30 de abril. La Asamblea atribuyó el ataque a “los malos gobiernos municipales, estatal y nacional que se enriquecen con la enfermedad y muerte que imponen en nuestras comunidades”.
El acuerdo emitido por la Asamblea cholulteca señala que, el basurero de la SEMARNAT, ubicado en la carretera federal Calpan – Puebla, operaba sin apego a la regulación ambiental de la misma secretaría, en particular por falta de Manifestación de Impacto Ambiental como lo mandata la Norma Oficial Mexicana 083-SEMARNAT-2003.
Además, acusaron que la Secretaría pretendía hacer pasar el predio por un “relleno sanitario” o “procesadora de residuos sólidos urbanos”, cuando en realidad operaba como un basurero a cielo abierto sin separación de residuos ni atención especial a materiales peligrosos.
El decreto considera que instalaciones industriales sin respeto por el medio ambiente, como el basurero de Cholula o el Proyecto Integral Morelos, son muestras de la “guerra mundial que desarrolla el capitalismo contra la Madre Tierra” a través del “despojo permanente de los territorios de los pueblos”.
Adicional a la clausura del basurero de la SEMARNAT, el decreto cholulteca prohíbe a posteridad la “planeación, construcción y activación de cualquier proyecto de muerte”, lo que incluye complejos industriales, infraestructura energética, zonas residenciales, extracción de agua y vías de comunicación con fines industriales y pozos profundos para la extracción de agua.
La Asamblea cholulteca sostiene la legitimidad de su decreto basados en el “supremo derecho a caminar nuestro propio camino” o derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, contemplado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las comunidades firmantes señalaron que aplicarán el decreto tanto para personas nahuas como visitantes, al igual que para empresas privadas e instituciones estatales de los tres niveles. Estas plantearon que el decreto “podrá ser invocado por las comunidades o por los individuos” nahuas cholultecas en los ámbitos del derecho nacional e internacional como instrumento para defensa jurídica de su territorio.
Las comunidades firmantes son Acatepec, Acuexcomac, Almoloya, Atzala, Calpan, Cacalotepec y Cholula. Asimismo, Coapan, Cocoyotla, Comac, Coronango, Cuanalá, Cuachayotla, Cuautlancingo y Malacatepec.
También firmaron las poblaciones de Mexicaltzingo, Mixquitla, Nealtican, Nextetelco, Ometoxtla, Sanctorum, Tecamac y Tehuiloyocan, al igual que Tepalcatepec, Tepontla, Tonantzintla, Tlaltenango, Tlatempa, Tlautla, Tlaxcalancingo, Xixitla, Xoxtla, Zacapechpan y Zacatepec.
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