Contraloría Autónoma del Agua exige abrogar ley de aguas salinista para corregir problemas de concesiones.
Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) para reordenar concesiones, acabar con mercado negro y garantizar el derecho al agua, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) alertó sobre el riesgo de reducir dicho derecho humano a un servicio municipal, medible en litros por persona por día, cubierto con sobrantes de grandes usuarios.
La organización autónoma, si bien celebró las intenciones de Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Coangua) por corregir las irregularidades en las concesiones de agua, expresó su preocupación y sorpresa por mantener una ley creada por Carlos Salinas de Gortari.
Enfatizó en la urgencia de abrogar la LAN y remplazarla con la Ley General de Aguas que desde 2012 ha sido trabajada en cientos de foros a lo largo del país, que busca desmontar el andamiaje del neoliberalismo y en su lugar, buscar el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno.
Acuerdo superficial
“La propuesta de reformar la LAN para reemplazar el libre mercado del agua con la rectoría del Estado, sin la participación ciudadana directa mandatada por la Constitución, nos preocupa, especialmente a la luz del desarrollo del Acuerdo Nacional”, expresó la CNAA en un comunicado.
Señaló que dicho acuerdo de “donación temporal” de volúmenes de agua de los distritos de riego para usos industriales y servicios deberían ser caducados por falta de pago de derechos.
“En vez de ejercer su autoridad para poner orden, crean un esquema de acuerdos en corto, que conserva el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la especulación y la impunidad fiscal”, destacó la contraloría autónoma.
La organización con presencia en varios estados de la República afirmó que ha entregado a la Conagua documentos donde se identifican las irregularidades en las concesiones en varias regiones del país, sin embargo, las solicitudes de información sobre los avances y acciones tomadas les han sido negadas.
La CNAA también se dijo sorprendida porque el gobierno ha preferido realizar acuerdos superficiales con los grandes usuarios del agua y en imponer megaobras hidráulicas que atender las necesidades de los pueblos.
La contraloría rechazó “cualquier intento de ejercer un apartheid hídrico, en donde los derechos de los grandes usuarios son protegidos por una ley” mientras que el derecho humano al agua se buscaría cumplir con lo que sobra.
Abandonada ley de aguas ciudadana
Recordó que desde 2018 la LXIV Legislatura acordó remplazar la ley salinista por una que, entre otras cosas, garantizara procesos de planeación conjunta entre gobierno y ciudadanía en cada región, desmontara el sobreconcesionamiento y el acaparamiento, reconociera los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios y fortaleciera los sistemas comunitarios.
También que eliminara las fuentes de contaminación y resarciera los daños, prohibiera el agua para minería tóxica y fracking, evaluara las megaobras hídricas ante alternativas, cerrara la puerta a la privatización de obras y servicios de agua, democratizara servicios de agua y priorizara usos domésticos, así como reconociera las contralorías de agua para erradicar la corrupción.
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