Plan Michoacán ha impedido el libre funcionamiento de seguridad comunitaria, denuncian.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y la comunidad de Santa María Ostula condenaron la explosión de un coche-bomba ocurrido el 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, que ha dejado un saldo de siete personas muertas, entre ellas, tres policías comunitarios y una veintena de personas lesionadas.
En un comunicado, las organizaciones afirmaron que el ataque tuvo el objetivo de “generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana”.
Señalaron que desde hace 5 años las comunidades de la región han sido víctimas de los grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el intento de desplazar a las poblaciones, en total impunidad y en ocasiones, en colusión con autoridades.
Además, denunciaron que con la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia los cuerpos castrenses han copado el territorio y “han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales”, afectando las capacidades de brindarse seguridad.
Afirmaron que no es con la militarización de la región como se solucionará el problema de la seguridad, sino con el respeto efectivo a los derechos de los pueblos y garantías para el funcionamiento de las policías comunitarias y guardias comunales.
Finalmente, exigieron castigo a los responsables y acciones reales para la desarticulación del CJNG, el cese la complicidad entre criminales y gobiernos.
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