Comunidad maya de Guatemala edifica su soberanía con energías limpias

Foto: Luz de Todos

Iniciaron la construcción de su mini central hidroeléctrica con el apoyo financiero de la cooperativa catalana Coop57.

Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 16 de junio de 2020

Busca otro amor, fue la frase de la canción que se desvaneció de las bocinas del pueblo de San Pablo Tacaná para dar paso al mensaje largamente esperado: “Después de años de lucha, de sacrificio, por fin se comienza el trabajo de la construcción de nuestro proyecto de micro central hidroeléctrica”.

A casi 3 mil metros de altura, junto al volcán Tacaná en Guatemala, 170 familias del pueblo maya mam escucharon el domingo 24 de mayo la buena noticia y también el llamado para ir a trabajar al día siguiente en el arranque del proyecto eléctrico comunitario.

Aquel domingo ese pequeño poblado de cultura milenaria tomó más altura. Su resistencia tuvo que doblegar a la trasnacional de origen catalán Unión Fenosa  para iniciar la construcción de su hidroeléctrica con apoyo financiero de los catalanes solidarios de la Coop57.

Fenosa enciende la resistencia
La privatización de los servicios eléctricos fue realizada en Guatemala por Álvaro Arzú durante su periodo presidencial de 1996 al 2000. La distribución se concesionó a Unión Fenosa.

La operación del servicio eléctrico incluyó abusos en los cobros de la tarifas, anomalías en los contadores del consumo y baja calidad en el suministro de energía, lo que provocó indignación y gestó la resistencia.

La respuesta más decidida, en el caso del departamento de San Marcos, surgió del municipio de San Pablo Tacaná habitado por comunidades mayas del pueblo mam de reconocida trayectoria organizativa.

Para el año de 2008 la oposición a la transnacional creció en las comunidades mayas y tuvo como saldo doce asesinatos. La represión y las amenazas golpearon a San Marcos, departamento colindante con el sur de Chiapas, México.

Foto: Luz de Todos

De catalanes a catalanes    
El joven mam Kristian Velásquez Pérez, sufrió amenazas debido a su papel en la resistencia. Se vio obligado a salir de su país y se refugió en Catalunya en 2013.

Nos cuenta que aprovechó su estancia para denunciar a Fenosa “por la violación a los Derechos Humanos ante el parlamento catalán, el de la Unión Europea y el de Madrid”.

Kristian se vinculó con organizaciones solidarias catalanas y les expuso el proyecto de micro central hidroeléctrica comunitaria, que a la par de la resistencia, habían desarrollado en su comunidad en San Pablo con la escuela de tecnologías alternativas.

Antes de regresar a Guatemala, después de su estancia de 4 meses, tuvo contacto con la cooperativa financiera Coop57 con 25 años de historia financiando iniciativas sociales. Se cocinaba ya “el préstamo fundamentado más en la solidaridad y hermanamiento de los pueblos”.      

Una vez en su país Kristian se sumó a sus compañeros para formalizar los estudios de la micro central e iniciar el proceso burocrático: “Tramitar permisos, pago de licencia, derechos ambientales, permiso de paso y cuotas municipales para poder construir”.

Durante toda esta etapa, Fenosa buscó detener el proyecto “y dividir a la comunidad, con promesas, amenazas y sobornos”.

Energía renovable y sostenibilidad comunitaria
Iniciaron la construcción de la micro central el 25 de mayo con todas las medidas que exige la pandemia y calculan terminarla en 6 u 8 meses.

Se tomará entre un 30 y 40% del caudal del río Coatán que será desviado con una tubería por 2 km y medio a la micro hidroeléctrica y después se retornará a su cauce. En realidad la longitud del río o la distancia del corredor biológico en juego es apenas de 1 km.  

El objetivo es ofrecer un servicio ambientalmente sostenible y accesible para 700 u 800 usuarios. Calculan que generarán un excedente para ofrecerlo a otras comunidades.

El costos de la obra comunitaria será de 393,650 euros, 50 mil de ellos los aportará la municipalidad de Tacaná; 93,650 la comunidad de San Pablo en mano de obra y construcciones; y la Coop57 aportará un préstamo de 250 mil euros que se pagará entre 8 y 10 años.

Cuando termine el proyecto, advierte Kristian, tendrá un impacto nacional pues es sostenible y comunitario y las ganancias retornarán a la gente “en servicios fundamentales como sanidad, educación y cuidado del medioambiente. ¡Creemos que muchas comunidades van a empezar a independizarse!”.   

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