CSIM logra acuerdos en salud, pero CFE rechaza asumir responsabilidades por planta geotérmica.
Durante una mesa de trabajo entre autoridades federales, estatales e integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazaron asumir responsabilidades por afectaciones ambientales a comunidades generadas por la planta Geotérmica Los Azufres.
Ante ello, las autoridades comunitarias del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunciaron que empezarán juicios ambientales contra la paraestatal en un lapso de 20 a 30 días, luego de que el equipo legal reúna los elementos jurídicos y las pruebas necesarias para sustentar las demandas.
Entre las afectaciones que las comunidades purépechas han señalado está la contaminación de acuíferos con metales pesados desde hace más de 30 años, lo que ha provocado que en Zinapécuaro, el 56% de los manantiales presente al menos un contaminante o elemento tóxico por encima de los límites permisibles, en tanto que en Hidalgo, la contaminación de los afluentes es del 35%.
Esto, de acuerdo a denuncias de las propias comunidades, ha provocado una crisis de enfermedades renales crónicas en habitantes de la región.
Acuerdos en salud e inspecciones
Lo que sí lograron las comunidades junto con autoridades federales y estatales fueron: una inspección a la planta geotérmica con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la CFE y una comisión de autoridades tradicionales, para verificar los lugares señalados con problemas de manejo de residuos y contaminación.
También se acordó instalar una unidad de hemodiálisis en San Matías El Grande, así como un generador comunitario para garantizar su funcionamiento. Además, se acordó crear un registro oficial de enfermos renales, lo que permitirá buscar apoyos a través de la Secretaría de Bienestar o del Plan Michoacán.
Se llegó al compromiso de instalar plantas purificadoras de agua en las localidades de San Matías, San Pedro, San Bartolo y San Miguel, al ser estas comunidades con afectaciones en la calidad del agua.
Finalmente, se llegó al acuerdo de emitir un decreto que obligue a todas las escuelas de comunidades indígenas sacar la comida chatarra y refrescos de los planteles, porque a pesar de que existe una ley federal, las comunidades denunciaron que en la práctica no se cumple.
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