Comunidades opositoras a proyectos extractivos van por procesos de autoconsulta

Malinaltepec, Guerrero, se declara municipio libre de minería.

Fotos: Tlachinollan


Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 10 de octubre de 2017

Durante el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero ocurrido este fin de semana en Malinaltepec, Guerrero, representantes de comunidades nacionales y extranjeras se manifestaron por realizar procesos de autoconsulta ante otros que resultan “falsos” y “amañados”.

“Refrendamos que la defensa del territorio es la defensa de la vida; defender el territorio ancestral es también resguardar la cultura”, en consecuencia significa “nuestra permanencia como pueblos”, señalaron representantes de comunidades y del Concejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica.

Otro de los acuerdos fue la declaratoria de “Municipio Libre de Minería”, que realizó el presidente municipal constitucional de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, ante el pleno del encuentro, refrendado en asamblea de cabildo abierto, donde también se comprometió a no otorgar ningún permiso de uso de suelo para empresas mineras.

Participaron en el encuentro representantes de los pueblos Acacoyagua y del ejido Israelita de Chiapas; de la comunidad de Guadalcazar en San Luis Potosí; de Salaverna en Zacatecas; del ejido Benito Juárez en Chihuahua; así como de Cajamarca en Perú, lo que le dio un carácter internacional.

Los participantes acordaron “cambiar la forma en la cual hemos actuado para con nuestras compañeras de lucha”, al reconocer que no se puede invisibilizar su participación pues “es evidente que son ellas las principales gestoras y promotoras de la defensa de la vida”, del trabajo cotidiano, de la reproducción y del cuidado.

Sobre el tema de las consultas a los pueblos originarios, los participantes rechazaron aquellos procesos “falsos y amañados procedimientos de consulta o de consentimiento” promovidos por el Estado, dijeron, para facilitar el ingreso de empresas mineras a los pueblos; en cambio acordaron fortalecer “nuestros propios procesos de Consulta y de Consentimiento Previo, Libre, Informado y Culturalmente Adecuado”.

Los participantes exigieron la cancelación de todas las concesiones mineras hicieron un recuento de las afectaciones que han tenido en sus respectivas comunidades.

Finalmente rechazaron la estigmatización, persecución y amenazas hacia los procesos de resistencia; y exigieron el esclarecimiento de los asesinatos de ambientalistas, los cuales suman, de acuerdo a Amnistía Internacional, 437 en dos años, en 22 países.

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