Cobros a trabajadoras sexuales alcanzan 5 mdp anuales que no ingresan a las arcas públicas, advierte Brigada Callejera.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 14 de junio de 2017
La Brigada Callejera denunció la existencia de una red de corrupción donde están involucrados funcionarios del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que podría tipificarse como el delito de “trata de personas”.
“Hay condiciones propicias para la trata de personas y la explotación sexual administrada desde la presidencia municipal”, afirmaron integrantes de la Brigada Callejera, organización con 25 años de defender los derechos de las trabajadoras sexuales en el país y promover su organización cooperativa.
A las trabajadoras sexuales “las tienen en sus manos, las tienen amenazadas, les revisan el celular para ver con quién hablaron y hay historial de golpes”, describieron.
En el predio conocido como la “zona galáctica”, que se encuentra en la salida de Tuxtla Gutiérrez, las trabajadoras sexuales además de ser amenazadas, se les hacen cobros por servicios de salud pública que debieran ser gratuitos y que no llegan a las finanzas locales, denunció Jaime Montejo, coordinador de comunicación de Brigada Callejera. El monto puede llegar hasta los 5 millones de pesos al año, calculó.
Montejo señaló que la responsable de los cobros indebidos y de los abusos a las trabajadoras sexuales es Silvia Arely Díaz Santiago, coordinadora de Política Fiscal de la Tesorería Municipal.
De acuerdo a los testimonios recavados por la organización comunitaria en la “zona galáctica” donde trabajan más de 120 mujeres, el administrador y el médico, ambos funcionarios municipales, Romero Pérez Vázquez y Orlando Gutiérrez de Paz, respectivamente, son quienes cobran y operan los servicios públicos.
Por ejemplo, los condones del Sector Salud los venden a dos pesos, las tarjetas de control sanitario que se debe renovar cada seis meses cuesta 159 pesos, por una revisión quincenal las mujeres pagan 100 pesos.
Las pruebas gratuitas de VIH, que se tienen que hacer cada tres meses, las cobran en 200 pesos; las de sífilis las venden en 80 pesos. A las mujeres les piden un estudio de no embarazo, incluso a las mayores de 70 años, algo que es inconstitucional, señaló la Brigada Callejera.
Las botellas de agua las cobran cinco veces más cara que en la tienda y no permiten que las mujeres lleven las suyas. Por el uso de los cuartos cobran entre 140 y 200 pesos. A los clientes les piden 20 pesos por entrar, si no llevan documentos pagan hasta 45 pesos, el sanitario cuesta 5 pesos y el estacionamiento 8, pero en ningún caso entregan recibos de la tesorería del municipio.
Agresión a la Brigada Callejera
La Brigada denunció que en la reciente visita que hicieron a la zona de tolerancia sufrieron una agresión, pues les metieron tres clavos y un tornillo a las llantas del vehículo, con la intención de provocar un accidente en la carretera.
“Señalamos como responsable intelectual de la agresión a la fiscal Silvia Arely Díaz Santiago a través del administrador Romero Pérez Vázquez”, afirmó el integrante de Brigada Callejera.
