Líder de empresarios se queja de tener parados megaproyectos eólicos y fotovoltáicos.
Fotos: Desinformémonos y Gobierno de Yucatán
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 22 de mayo de 2018
Comunidades indígenas mayas y organizaciones sociales afirmaron que la consulta indígena es un derecho y una obligación del Estado, en respuesta al presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, quien había sugerido que éstas frenaban el crecimiento de México.
En días recientes el empresario yucateco señaló que seis proyectos eólicos y fotovoltáicos estaban parados por no haber acuerdo con las comunidades indígenas en las consultas y conminó a las autoridades a resolver el supuesto problema “porque no puede detenerse el desarrollo del estado”.
El empresario sugirió que la tierra bajo el régimen de ejidos y propiedades comunales detienen el progreso económico, por lo que “la siguiente administración federal y legislatura tienen que ponerle un ojo a esto”.
Ante esos señalamientos más de 18 organizaciones como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal y la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya contestaron que ni las comunidades ni las consultas representan un obstáculo al desarrollo sino las constantes violaciones de los derechos de las comunidades a ejercer su libre determinación y protección de sus territorios.
“La consulta previa, libre e informada es un reconocimiento universal a la necesidad de participación de las comunidades indígenas en el diseño del desarrollo desde su libre determinación. Ignorar o menospreciar este derecho, es un retroceso en la lectura de los marcos legales y en la concepción misma de desarrollo vigente”, afirmaron en un comunicado.
Resaltaron que la consulta indígena es un derecho reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por el Estado Mexicano desde 1990.
Las comunidades mayas no han participado en el diseño, planeación y desarrollo de megaproyectos de energía renovables, no obstante el gobierno ha otorgado más de 20 permisos a empresas privadas para generar electricidad que ocuparían extensas superficies de territorio indígena, destacaron.
Añadieron que las declaraciones del empresario y actores clave como la Concanaco resultan discriminatorias al sugerir que las comunidades representan un freno al progreso.
