Se expresan a favor de corregir o extinguir miles de concesiones irregulares.
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua exigió corregir “el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la violación sistemática de los derechos al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios del agua” a través de una Ley General de Aguas, que remplace la actual Ley de Aguas Nacionales que viene de la época salinista.
Concesiones irregulares
Reconoció el anuncio hecho en la mañanera del 12 de marzo por el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, sobre la identificación de 7 mil concesiones irregulares como parte del primer avance del proceso de revisión de 168 mil concesiones, de un total de 580 mil existentes en el país.
Dichas concesiones son de uso agrícola, pero en la revisión se constató que operaban para usos industriales y habitacionales.
Ante ello, la contraloría, formada por comunidades, pueblos originarios, organizaciones sociales, ambientales, personas investigadoras e ingenieras, expresó que han apoyado con información adicional para concretar la corrección o extinción de las concesiones irregulares.
Derechos de los pueblos
En el marco del Día Internacional del Agua, que se celebró el 22 de marzo, la contraloría también destacó la importancia a las reformas al Artículo 2 Constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
En adelante, enfatizó la contraloría, “cualquier reforma a la normativa hídrica, que afecte el derecho al agua de las comunidades indígenas, debe ser consultada en un proceso parlamentario abierto”.
También, “deben ser reconocidos los sistemas comunitarios de agua como sujetos de derecho público autónomos” y esto los convertiría en autoridades vinculantes con capacidad de incidir en la creación de planes de desarrollo urbano y programas de ordenamiento territorial ecológico, con acceso a recursos públicos, expresó.
Saneamientos y trasvases
La contraloría cuestionó las prácticas de trasvases, para llevar grandes volúmenes de agua de territorios indígenas o rurales a ciudades que no han logrado un uso eficiente del líquido. También se solidarizaron con las comunidades de la Península de Yucatán que sufren contaminación del agua y despojo del territorio de parte de granjas porcícolas y la industria inmobiliaria.
Además, expresaron su preocupación ante los intentos de “sanear” ríos exclusivamente con plantas de tratamiento sin eliminar las fuentes de contaminación ni involucrar a las comunidades locales.
En ese contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés denunció que autoridades de Conagua, Semarnat y Profepa, expusieron a unas 7 mil personas voluntarias, entre ellas niñas y niños, a recibir microorganismos patógenos y tóxicos como plomo, cadmio y arsénico, sin la protección necesaria en el marco de una operación “cosmética” para limpiar el Río Atoyac, previo a la visita de la presidenta Sheinbaum el 22 de marzo.
Inmediata desprivatización
La contraloría autónoma, con presencia en 15 estados, expresó su apoyo a las luchas urbanas en la capital de Puebla y cinco municipios conurbados, donde se privatizó el agua desde 2014 y se vive un corte sistemático del agua y el drenaje por parte de la empresa Concesiones Integrales, ante retrasos del pago de servicios.
Exigieron la inmediata desprivatización y el respeto a los derechos humanos de los habitantes afectados por esa política. Así mismo, demandaron respeto a la independencia del nuevo modelo de gestión de los Sistemas Municipales e Intermunicipales de Agua, así como a la autonomía de los Comités de Agua y Sistemas Locales en pueblos originarios.
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