Necesario reformar la Ley, fue avalada sin consulta pública, coinciden.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 10 de abril de 2013
En la antigua casona de Xicoténcatl, anterior sede del Senado, se llevó a cabo el Encuentro de Economía Social y Solidaria para reflexionar en torno a la legislación del sector social de la economía.
Durante el debate, que fue calificado como la primera Audiencia Pública sobre esta legislación, se escucharon varias opiniones sobre la Ley de Economía Social que coincidían en la necesidad de hacerle una reforma profunda.
Algunos de los ponentes se mostraron abiertamente en contra de la reglamentación de la economía social, al decir que no se puede regular la solidaridad.
El encuentro, que fue organizado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), contó con la participación de decenas de representantes de cooperativas, uniones y confederaciones, así como académicos e investigadores.
El único representante de los legisladores, el senador por Michoacán, Raúl Morón, señaló que es importante reflexionar en torno a un modelo económico distinto y que la Ley de Economía Social tiene pendientes para su ejecución, como lo son la reglamentación de la propia Ley y el funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
Para el presidente de Morena, Martí Batres, la presente es una discusión obligada ante el fracaso de la economía neoliberal. “La Economía Social puede ser mucho más exitosa que la privada e incluso que la pública”. Para impulsar la Economía Social, Batres Guadarrama propuso las compras del Gobierno al sector, así como el fomento de los intercambios solidarios y trueques.
En su momento, Salvador Torres Cisneros, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop), sostuvo que hay que hacer modificaciones de fondo a la Ley, ya que “no existió un trabajo amplio de consulta”.
Torres Cisneros, señaló que esta Ley brinda un reconocimiento a la Economía Social, cuando antes sólo se daba a la iniciativa privada. Sin embargo criticó que ésta “impone cargas y gravámenes inconstitucionales a la Economía Social, y esta es una carga adicional que las empresas capitalistas no tienen”.
Desde Cosucoop, “proponemos fomentar la Economía Social a través de una Banca Social de Desarrollo y con compras del Gobierno a los organismos del sector”, finalizó Torres Cisneros.
Por parte del Grupo Tacuba, Paco Saucedo, afirmó que “el apellido Solidario de esta Ley sale sobrando”, ya que “es una Ley inmovilizadora que ayuda a la criminalización de la lucha social y no está representando el sentido de colaboración solidaria”, además tiene un esquema corporativo que invade la el modo de integración de los organismos de la Economía Social.
Juan Gerardo Domínguez, de la Confederación Nacional de Cooperativas por la Emancipación Social, señaló que la naturaleza y perfil de esta Ley “no corresponde a las necesidades del sector social”, por lo que se debe hacer una reforma a fondo.
La Secretaría de Economía, debería ser la Secretaría de la Economía Social, y actualmente “el famoso INAES es sólo una conversión del FONAES”, agregó Domínguez.
Por parte de la Universidad Intercultural de Chiapas, Agustín Ávila, señaló que preocupa a las Universidades Interculturales que no aparezca la definición de Economía Social, ni tampoco existan las monedas sociales como procesos alternativos.
“El INAES debe ser un instituto ciudadano y debemos prestar atención al Sistema Nacional de Capacitación para evitar que se convierta en un coto de poder de mafias en el negocio de las consultoras”, afirmó el académico.
Enrique Lazcano, del Frente Auténtico del Trabajo, afirmó que “la solidaridad no puede ser reglamentada”, en cambio “hace falta una ley que reglamente la actividad del Estado y su responsabilidad con el movimiento social y solidario”.
De acuerdo a Lazcano se corre el peligro de que en la regulación de la economía solidaria se pierda la práctica cotidiana de la solidaridad. “La reglamentación de la solidaridad es prácticamente como un insulto”.
Un momento curioso se vivió en la casona de Xicoténcatl, cuando Silvia Salazar, presidenta municipal de Jiutepec, Morelos, denunció que los bajos presupuestos a los municipios “obligan a caer en la tentación de aceptar la instalación de las grandes tiendas de supermercados que tampoco generan beneficios”.
Participaron también en este debate el académico Julio Moguel, Josefina Cendejas y Juan José Rojas de Redcoop, el presbítero Marco Linares de Tacámbaro, Michoacán; Oscar Yamamoto de los Mercados Alternativos de Consumo Solidario; y Alfredo Ramírez, secretario de Morena para la Economía Social.
La discusión continuará el 15 de abril en un Foro Nacional organizado por la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados.
