Corredor Interoceánico criminaliza familias vulnerables de Arriaga y Pijijiapan

Foto: Recal

ONG alerta de violaciones graves a derechos humanos, principalmente mujeres.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO) alertó de la criminalización a familias vulnerables de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, las cuales fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT), como parte del Corredor Interoceánico.

Las denuncias penales recaen en específico contra tres mujeres del municipio de Pijijiapan, así como cuatro mujeres y un hombre del municipio de Arriaga, por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, informó la organización en un comunicado.

Enfatizó que “el uso del derecho penal como herramienta para resolver conflictos territoriales, sociales o administrativos representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho, pudiendo derivar en violaciones graves a derechos humanos” y configurar un patrón de criminalización de la pobreza.

Estos hechos ocurren en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos, donde comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a medios de vida, señaló el CDHDO.

El centro Digna Ochoa urgió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) dar seguimiento al caso para evitar violaciones graves a los DD.HH.

Exigió además, el cese de la criminalización y persecución penal contra las familias de Arriaga y Pijijiapan, la desestimación de las denuncias penales al tratarse de un conflicto de carácter social, administrativo y territorial.

También planteó la apertura de un diálogo interinstitucional, con participación de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades; así como la suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del derecho de vía.

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