Estado tuvo conocimiento temprano pero no hubo contención suficiente ni alerta a la población, señalan.
A través de imágenes satelitales, organizaciones documentaron que el derrame petrolero del Golfo de México habría iniciado en una embarcación cerca de la plataforma de Abkatún (Lat: 19.2740, Lon: -92.2362), frente a costas de Campeche, entre los días 6 y 10 de febrero.
De acuerdo a lo documentado, el derrame comenzó con cantidades inicialmente pequeñas, pero a partir del 11 de febrero se intensificó significativamente. Para el 13 de febrero “el vertido era claramente visible y al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención”. El 14 de febrero la mancha cubría 50 km² y continuó dispersándose hasta el 17 de febrero.
Las imágenes satelitales demuestran que el derrame fue conocido por las autoridades pero que las maniobras de contención fueron insuficientes. Identificaron responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para elaborar un análisis técnico y coordinar la atención.
Además, no se notificó el incidente de forma inmediata a las autoridades a través del Oficial de Información Pública previsto en el Sistema de Comando de Incidentes, como obliga el Plan Nacional de Contingencias (PNC), señalaron.
Tampoco se emitieron alertas públicas que ayudara a las comunidades costeras a tomar medidas preventivas. A la fecha, se han contabilizado más de 50 sitios contaminados que impactan directamente la vida comunitaria.
Las organizaciones cuestionaron por qué no se activó oportunamente el Nivel 3 de respuesta ante un derrame de 50 km². Además exigieron conocer la identidad de la empresa responsable y el estatus del proceso de compensación por los daños causados, así como el informe de resultados que el Consejo Técnico del PNC debe elaborar tras la atención de este tipo de emergencias.
Recordaron que este derrame evidencian los riesgos que conllevan las actividades de extracción y transporte de hidrocarburos. Además de provocar desastres, la extracción y quema de combustibles, afecta directamente a las comunidades más vulnerables, sobre todo a aquellas que dependen directamente de los ecosistemas costeros.
Algunas de las organizaciones que documentaron el origen del derrame son Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Territorios Diversos Para la Vida, Alianza Mexicana contra el Fracking, Conexiones Climáticas, CartoCrítica, Corasón, entre otras.
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