“Las comunidades lo tienen claro, el gobierno está al acecho”.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 10 de abril de 2019
La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom) y Educa documentaron la simulación y violaciones a los derechos de los pueblos que ocurrieron con la consulta indígena sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec del 30 y 31 de marzo pasados.
“Las comunidades lo tienen claro, el gobierno está al acecho”, fue una de las conclusiones del documento, pues las acciones institucionales se reducen a la reactivación de programas asistencialistas y no resuelve de fondo los problemas añejos de las comunidades, se señaló.
Se denunció que San Mateo del Mar lleva décadas sin agua y con un conflicto intercomunitario a raíz de un proyecto de aerogeneradores; los Chimalapas padecen constantes invasiones a su territorio; San Francisco del Mar no tiene luz eléctrica; Jaltepec permanece sin resolver su problema agrario; y Juchitán vive tensiones provocadas por la instalación de megaproyectos.
A través de relatorías y versiones estenográficas sobre las asambleas regionales comunitarias de Salina Cruz, Jaltepec de Candayoc, Santiago Laollaga y Santa María Chimalapas, cuatro de las 10 asambleas consultivas ocurridas, se documentó que a pesar del rechazo expresado por participantes hubo “acuerdos” redactados por funcionarios.
Entre estos acuerdos está la “viabilidad de permitir” el inicio de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción del Ferrocarril Transístmico y la aceptación de la “formulación” del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Entre las violaciones e irregularidades no se respetó el artículo tercero de la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, ya que los participantes partieron de referentes ajenos y no determinaron de manera libre sino guiados por la institución y su visión de “desarrollo”.
Se señala que la consulta no fue culturalmente adecuada pues debía haber un traductor aprobado por la asamblea del pueblo, los documentos no fueron traducidos ni distribuidos a la población, no se tomó en cuenta las variantes lingüísticas, se debió respetar los sistemas normativos internos y en consecuencia la consulta debió ser convocada por la asamblea.
Además el cambio de sede de última hora en San Mateo del Mar sin asegurar el transporte para los asistentes, tampoco garantiza el derecho a la participación en asuntos públicos y elecciones.
El documento concluye con una respuesta de las comunidades de “negarse a ser invadidas, a seguir invisibilizadas y subsumidas dentro de las visiones empresariales de desarrollo del nuevo gobierno y sus dinámicas capitalistas” .
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