A pesar de las amenazas de muerte hacia el ecologista la embajada prefirió respaldar a la minera Blackfire, señalan en la denuncia.
Foto: Otros Mundos Chiapas
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 07 de febrero de 2018
El hijo del ecologista asesinado Mariano Abarca, José Luis, acompañado de organizaciones mexicanas y canadienses presentaron en Otawa una denuncia administrativa contra la embajada de Canadá en México, al considerar que ésta actuó en favor de la minera Blackfire y violó políticas en favor de los derechos humanos.
La denuncia presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá solicita formalmente una investigación sobre las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, pues considera que dicho actuar incrementó el peligro que enfrentaba Mariano Abarca y otros habitantes de Chicomuselo, Chiapas.
“Mi papá acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo, porque él y otros habitantes estaban recibiendo amenazas por parte de empleados de la empresa Blackfire, y poco después, fue arraigado bajo acusaciones falsas hechas por la empresa. La Embajada tuvo conocimiento de todo esto, sin embargo, dio su aval a la empresa, al incidir con autoridades chiapanecas para proteger los intereses de la Blackfire”, señaló José Luis Abarca.
A pesar de que la embajada canadiense sabía de las amenazas de muerte contra Mariano Abarca, prefirió acudir al gobierno de Chiapas y solicitar controlar las protestas contra la minería en la comunidad, demuestra documentación obtenida bajo ley de transparencia en Canadá.
El abogado Miguel Ángel de los Santos, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, señaló que la embajada pudo influir para defender la vida de Abarca y otros pobladores de Chicomuselo pero hizo lo contrario.
“Desde el asesinato del Sr. Abarca, la incidencia de persecución, amenazas y violencia en contra de los y las defensores de la tierra y del medioambiente se ha intensificado”, dijo por su parte Libertad Díaz de la organización Otros Mundos Chiapas. La activista señaló su preocupación por el papel que juegan las autoridades canadienses en lugares donde las comunidades defienden su territorio ante la minería.
Por su parte Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), urgió una investigación plena sobre el caso de Mariano Abarca y tomar medidas para proteger las vidas y bienestar de las comunidades afectadas.
Posterior al asesinato de Mariano Abarca la mina de Blackfire fue clausurada por violaciones ambientales, sin embargo la embajada canadiense siguió su respaldo a la empresa y la asesoró para demandar al Estado Mexicano en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
