Necesario incluir tutelaje a cooperativas y porcentaje de compras del Estado, plantea.
Rafael Martínez Ponce, presidente de Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), reconoció que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Adquisiciones y que reforma leyes cooperativas corre el riesgo de confundir la certificación ahí planteada con regulación y supervisión.
En todo caso, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) debe ser un facilitador, una entidad que acompañe a las cooperativas y las capacite, abundó el también comisionado legislativo del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop).
Entrevistado por La Coperacha, Martínez Ponce señaló que desde Cosucoop y Alcona han impulsado incluir el tema de adquisiciones como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Identificó que la propuesta legislativa tiene cosas a favor y desafíos.
Pros y contras
Señaló que dentro de las “cosas interesantes de la iniciativa” está la creación de una plataforma digital de contrataciones públicas que remplace a Compranet con el fin de automatizar y transparentar los procesos de contratación.
Además, se retoma la propuesta de crear una tienda digital del Gobierno Federal, pues se asume como una urgencia para el sector social para no quedar a merced de plataformas como Amazon o Mercado Libre.
El tema de la certificación “es donde se empieza a generar ciertos ruidos”, reconoció, pues el objetivo es garantizar que las organizaciones que participen en las adquisiciones sean cooperativas y no simulaciones.
Añadió que con la certificación se busca dar un reconocimiento institucional y legitimidad a las cooperativas para que puedan recibir capacitaciones, financiamientos e incentivos, pero existe el riesgo de convertirse en un mecanismo de control, una barrera burocrática.
“La esencia de la propuesta de nosotros fue que el gobierno se dedicara a comprarle al sector social, las certificaciones hay que analizarlas porque no son como tal propuestas nuestras, si ellos (diputados) le quitaran certificar y lo cambiaran por tutelaje, sería más fácil entender la dinámica que debe tener el INAES”.
Quedaron fuera
Una propuesta que se hizo desde Alcona y Cosucoop que no quedó en la iniciativa fue que se estableciera un porcentaje mínimo de compras de las dependencias del sector público al sector social. De esa manera se generaría una obligación al Estado, señaló Martínez Ponce.
Otra más, añadió, fue que el pago de las adquisiciones se haga en un plazo máximo de 8 días, porque el sector social puede colapsar con los plazos de pagos actuales que llegan a los 4 meses, apuntó.
Se esperan nuevas iniciativas
Recordó que desde finales del sexenio anterior se han realizado mesas de trabajo con funcionarios de dependencias gubernamentales como Hacienda, Economía y Financiera para el Bienestar para atender demandas del sector social de la economía.
Explicó que en dichas mesas de trabajo se plantearon temas de urgencia como las problemáticas fiscales, la sobre regulación a las cooperativas de ahorro, la corrupción en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el banking o censura financiera de los bancos, entre otras.
De esas mesas de trabajo, la iniciativa presentada por Sheinbaum sobre adquisiciones es el primer resultado con una redacción final hecha por el Gobierno Federal. Mencionó que también se plantearon propuestas de reformas estructurales para el sector social de mediano y largo plazo, por lo que espera que pronto se presenten a la Legislatura nuevas reformas.
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