De aprobarse significaría retroceso en la protección de derechos humanos y la libertad de expresión: AMARC-México.
Foto: Código DH
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 05 de octubre de 2017
El día de ayer la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que pretende castigar hasta con 6 años de cárcel, 300 días de multa y el decomiso a las radios que operen sin concesión, que afectaría directamente a radios comunitarias.
La iniciativa “criminalizadora” propuesta por el diputado del PRI, Benjamín Medrano, “es una verdadera provocación y un desatino” y de aprobarse significaría un retroceso en la protección de derechos humanos y de la libertad de expresión, calificó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo México.
En un documento firmado por varias organizaciones sociales, periodistas y radios comunitarias, se señala que la iniciativa es contraria a tratados internacionales firmados por el Estado donde se señala que en materia de libertad de expresión y derecho a la información los ilícitos deben resolverse con medidas administrativas y no penales.
Además la iniciativa aprobada ayer en comisiones fue elaborada a partir de comparar legislaciones “más atrasadas y restrictivas” como la chilena, la cual ha sido calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como “herencia de las doctrinas autoritarias del pasado”.
Las radios comunitarias llamaron a los diputados a atender las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, a privilegiar el diálogo, facilitar el acceso a la legalidad y respetar los procesos de decisión de las comunidades y pueblos.
Las radios hablan contra el gobierno, argumento priista
Durante el debate el legislador por Morena, el periodista Virgilio Caballero, calificó la iniciativa de violatoria de la Constitución, ya que, refirió al artículo 7o, “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión” y tampoco “en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.
Caballero señaló también que las radios comunitarias no lucran y debe distinguirse entre hacer negocio y libertad de expresión. Ante ello la respuesta del diputado priista Miguel Ángel Ramírez fue decir que “sí hacen negocio, sí es un delito y usan la radios para mal informar y hablar contra el gobierno”.
Consulta el posicionamiento de AMARC-México y organizaciones sociales.
