Reconoce el derecho a la consulta de pueblos mayas.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 23 de julio de 2014
El juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán anuló un permiso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) otorgado a Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica en esa entidad.
En su sentencia el juez también determinó que con el permiso de SAGARPA se violó el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas para casos de posible afectación.
El juez reconoció que los apicultores mayas podrían resultar afectados en sus bienes económicos, laborales o ambientales por las consecuencias de liberar la soya transgénica en el entorno natural, además desechó los argumentos de las autoridades quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos a Monsanto afectasen negativamente la producción de miel.
Apicultores mayas se ampararon contra la resolución de SAGARPA que autorizaba la siembra la siembra de 235 mil 500 hectáreas de soya transgénica en siete estados de la República, argumentando que dicho permiso ponía en riesgo la producción de miel mexicana en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
“Con esta decisión del juez queda prohibida la siembra de soya transgénica en escala comercial en el estado de Yucatán”, informó en conferencia de prensa Jorge Fernández del colectivo MA OGM, organización que ha interpuesto otros dos juicios de amparo contra el permiso de SAGARAPA también en el estado de Campeche.
La asesora legal Ximena Ramos agregó que la resolución del juez es relevante por tres razones, porque “hace valer el principio de multiculturalidad establecido en la Constitución”, porque determina el derecho a la consulta en casos de posible afectación, es decir “que no se requiere que el daño esté probado”, y porque reconoce el principio 10 de la Declaración de Río que establece que en cuestiones ambientales y socioculturales se debe garantizar a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.
Ramos hizo un llamado a las autoridades responsables a cumplir cabalmente lo ordenado por el juez puesto que supondría “un avance en la construcción de la democracia sustancial en el país”.
“Esto es un gran logro porque se reconoce nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro territorio y nuestro sustento, porque la apicultura es la principal actividad económica tradicional que realizamos y no queremos que nuestra miel se contamine con transgénicos ni con los productos tóxicos que matan a nuestras abejas”, dijo por su parte Lorenzo Itzá Ek, apicultor maya.
El Gobierno Federal debe garantizar zonas libres de transgénicos, petición a la que se ha negado la SAGARPA, lo que representaría una medida definitiva para proteger el campo mexicano, las comunidades, los productores y consumidores, de la imposición de cualquier cultivo transgénico, expuso por su parte María Colín, representante de Greenpeace México.
