Dictamen fue elaborado por la Conagua y no contempló a los parlamentos abiertos, denuncian.
El dictamen aprobado en la Comisión de Comisión de Recursos Hidráulicos es un intento de perpetuar la ley salinista con cambios mínimos, alertaron las organizaciones Coordinadora Nacional Agua Para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
El proyecto legislativo fue elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sin integrar las propuestas generadas en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y en las Audiencias Públicas organizadas por el Poder Legislativo, lo que violenta sus competencias, denunciaron las más de 80 organizaciones agrupadas en la coordinadora y la contraloría.
En dicho dictamen, se incluye un capítulo dedicado a “promover y fomentar” la privatización de obras hidráulicas, que en los hechos, permitirá la privatización de sistemas de agua y saneamiento, a pesar de las desastrosas experiencias al respecto en todo el país.
Además, “permite la discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios”, mismos que solamente pagan sobre el 20% de los volúmenes concesionados.
También, mantiene los Consejos de Cuenca, “donde solo están representados los grandes concesionarios, como única instancia de coordinación gobierno-ciudadanía”, en contra de la propuesta de incluir una amplia representación de pueblos, comunidades, sector académico y organizaciones en consejos regionales.
Finalmente, denunciaron que se excluye el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos y comunidades indígenas, “cualquier medida para corregir el sobreconcesionamiento, o para prevenir la contaminación de acuíferos kársticos o la destrucción de acuíferos por el fracking”.
Las organizaciones señalaron que buscarán construir un “contrapeso frente a la violación sistemática de derechos por parte de la Conagua, a través de actos y omisiones ampliamente documentados en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y en las Audiencias Públicas”.
Aun así, Agua Para Todos y la Contraloría Nacional buscarán que diputados presenten reservas para incluir cambios para prohibir la privatización, eliminar la discrecionalidad en el cobro de derechos y la discriminación en las extinciones de volúmenes.
También buscarán que se presenten reservas en cuanto a contar con mecanismos para la reducción obligatoria del sobreconcesionamiento, contar con provisiones para la protección de acuíferos kársticos, respetar los derechos de los pueblos indígenas a gestionar las aguas en sus territorios, y para proteger acuíferos de daños irreversibles generados por la fracturación hidráulica.
Notas relacionadas:
Iniciativa de agua, aprovechada por desestabilizadores: Contralorías Autónomas
“Una sola agua, una sola ley”: parlamentos abiertos por el agua
