Tampoco garantizan agua para poblaciones marginadas, denuncian organizaciones.
A pesar de los anuncios triunfalistas, la nueva Ley General de Aguas (LGA) y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) no contienen obligaciones ni mecanismos para frenar el acaparamiento y la sobreexplotación del agua, ni para garantizar el agua a poblaciones marginadas, denunciaron la Contraloría Nacional Autónoma del Agua y Agua para Todos, Agua para la Vida.
Las organizaciones subrayaron que los parlamentos abiertos y las audiencias públicas donde se recibieron más de 500 propuestas fundamentadas fueron ignoradas. En cambio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “impuso una aprobación exprés de su Iniciativa Legislativa, sin revisión pública y sin mover ni un punto ni coma”, con lo cual se perpetuó la ley salinista, alertaron.
Señalaron la inconsistencia constitucional de anunciar derechos humanos en una ley, mientras que en la otra no se hacen efectivos.
Añadieron que la Conagua evitó incluir las propuestas ciudadanas que enfatizaban la prohibición de la privatización de obras hidráulicas y de los sistemas de agua y saneamiento; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al agua; así como la obligación de los Consejos de Cuenca para incluir a pueblos originarios, núcleos agrarios, comunidades afectadas por contaminación, investigadores y no solo grandes concesionarios.
Conagua también rechazó cambiar el esquema de la LAN frente a la contaminación y tipificarla como un delito; la obligación de extinguir los volúmenes de agua de uso industrial y servicios cuyos titulares no han pagado derechos; proteger a usuarios agropecuarios familiares de la extinción de sus derechos cuando no hayan podido comprobar el uso de sus aguas durante dos años; y el reconocimiento y protección de territorios y acuíferos kársticos.
Detallaron que el aprobado Fondo de Reservas del Agua, que remplaza a los “Bancos del Agua”, permite la “reasignación” de volúmenes sin tener que reducir el sobreconcesionamiento, con lo cual seguirá el acaparamiento y sobreexplotación.
Tampoco se menciona ninguna obligación a la Conagua en cuanto al manejo de aguas nacionales, el presupuesto federal, ni los sistemas de agua potable, que garanticen el derecho humano al agua, subrayaron.
Así mismo, denunciaron que con el cambio de nombre de “Registro Público de Derechos al Agua” a “Registro Público Nacional del Agua” no se pone orden al sistema de concesiones; ni se pone fin a la corrupción, pues no se transparentan las listas de solicitudes de concesiones por cuenca y acuífero, ni las listas de solicitudes aprobadas con fecha de notificación, ni el pago de derechos.
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