Cosucoop rechaza modelo, va por amparos y ajustes legislativos.
El nuevo modelo de certificación para cooperativas es “un intento burdo por tratar de someter a control gubernamental al movimiento cooperativo en México”, es crear un neocorporativismo y está destinado a fracasar, aseguró el investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Juan José Rojas Herrera.
El experto en cooperativismo y economía social afirmó que con dicho modelo “el Estado va a hacer lo que quiera con las cooperativas, es una forma de dominio a cambio de nada”, pues por ningún lado se miran las políticas públicas. Añadió que las cooperativas son exitosas por la calidad de sus productos o servicios y no porque el Estado las valide.
Discrecionalidad
Calificó el “acuerdo” firmado por Bienestar como perverso, pues “permite al Estado actuar con profunda discrecionalidad”, pero por el contrario, éste no está sometido a ningún criterio ni tiene que rendir cuentas.
Destacó que el modelo de certificación es impugnable por contradictorio. Como ejemplo señaló que es discriminatorio y no hay un trato por igual entre mismas cooperativas, pues “aquellas de participación estatal ya están certificadas”, así como aquellas que tengan convenios con el INAES o con gobiernos estatales o municipales.
Añadió que en ninguna parte del mundo existe un modelo de certificación de este tipo, pues las encargadas de verificar si se cumplen con los principios cooperativos son las propias cooperativas, o en su defecto, los organismos de integración a los que están suscritos.
Contrario a la Constitución
Señaló que es contrario al espíritu de la Constitución que establece que debe haber una relación de respeto y equilibrio entre ciudadanos y el Estado. Además, es contrario con los planteamientos del Artículo 25 Constitucional donde se reconoce al sector social y la responsabilidad del Estado de promoverlo. Pero, subrayó “no dice que le corresponde controlarlo, o promoverlo siempre y cuando se subordine”.
El académico alertó que esta certificación, que involucra a todo el sector social de la economía, puede ser un ensayo que después se extienda al movimiento obrero o campesino. Planteó que a largo plazo se debe crear un movimiento cooperativo independiente.
Cosucoop va por amparos
En tanto, para el Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop) el modelo de certificación opera como filtro de acceso a programas y a compras públicas; es un esquema de control con cargas desproporcionadas de información y abre la posibilidad de discrecionalidad con la introducción de los “terceros coadyuvantes”.
En un documento de análisis técnico sobre el modelo de certificación, el Cosucoop señala que dicho modelo abre la posibilidad a una discriminación indirecta a cooperativas pequeñas, rurales o indígenas, ante el uso de tecnologías electrónicas para participar y la brecha digital existente.
Propone alternativas al modelo de certificación como la creación de una Etiqueta de Origen Cooperativo (EOC) que sea voluntaria, progresiva y vinculada a compras públicas y semilleros de tutelaje.
Plantea además, una ruta de defensa jurídica a partir de juicios de amparo indirecto por exceso reglamentario y violaciones a principios de fomento al sector social, así como por desproporcionalidad y discriminación indirecta, riesgos a la protección de datos personales, entre otros alegatos.
Así también, plantea realizar ajustes legislativos como prohibir en las leyes cooperativas la certificación organizacional como condición de acceso a programas y establecer cuotas de compras públicas para el sector con esquemas de pronto pago.
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