El metano del gas fósil tiene potencial de calentamiento global 86 veces mayor que el CO2, advierten.
Casi 50 organizaciones, encabezadas por Nuestro Futuro Nuestra Energía, propusieron a la presidenta Claudia Sheinbaum elaborar un plan estratégico para lograr un abandono escalonado de los combustibles fósiles de acuerdo a criterios mencionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, como lo son, un enfoque de derechos, responsabilidad intergeneracional y justicia climática.
Las organizaciones afirmaron que, en el contexto de crisis climática y energética, México ya no puede aspirar a seguir siendo un país petrolero, por lo que el Plan Estratégico para Pemex 2025-2035 tendría que ser rechazado, y en su lugar, gestionar de forma ordenada el declive petrolero, diversificar actividades de las empresas estatales y diseñar rutas de transición energéticas.
Hicieron un llamado a la presidenta Sheinbaum para “demostrar un liderazgo firme y ambicioso en términos climáticos y económicos” y participar en un diálogo amplio con las comunidades, pueblos, organizaciones, trabajadores y la sociedad sobre la transformación de la matriz energética en México, así como las transformaciones económicas y productivas necesarias.
Señalaron que el gas fósil, planteado en el plan de Pemex como combustible de transición es otra falsa solución, pues el metano, su principal componente, tiene un potencial de calentamiento global 86 veces mayor que el CO2. Además, resaltaron que hacer fracking para obtener ese gas no soluciona la dependencia energética y sólo genera daños sociales y ambientales.
El plan de Pemex prioriza energía para un modelo de exportación basado en corredores industriales, megaproyectos turísticos y “nearshoring” que ofrecen beneficios a empresas extranjeras a costa de territorios indígenas, campesinos y rurales que ya enfrentan estrés hídrico y degradación ambiental.
En cambio, propusieron que la discusión estratégica debería proyectar la reducción de brechas en el consumo energético, la reducción de tarifas de electricidad en sectores vulnerables, la transformación de la movilidad en las ciudades, entre otros temas.
“La discusión de los próximos diez años (a mediano plazo) debería ser sobre los impactos sociales, ambientales y sanitarios de los huracanes, las inundaciones y las sequías e incendios que ya provoca la crisis climática en el país”, afirmaron las organizaciones.
Entre las organizaciones firmantes están Alianza Mexicana Contra el Fracking, Asamblea Ecologista Popular, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), CartoCrítica, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO), Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, CEMDA, Conexiones Climáticas, Cooperativa Onergia, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio, Oxfam, Fundar, Engenera, GeoComunes, Greenpeace, entre otras.
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