De aprobarse afectará “principio de libre determinación de los pueblos” y “derechos constitucionales”.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 01 de abril de 2017
Organizaciones como Greenpeace México, el Grupo de Estudios Ambientales y la Caravana de la Diversidad Biocultural, figuras públicas como Elena Poniatowska, entre otras, exigieron la suspensión de la Ley General de Biodiversidad, pues otorga control del patrimonio biocultural al capital.
Las organizaciones sociales acusan que la iniciativa, impulsada por la senadora del Partido Verde, Ninfa Salinas, además se elaboró sin consulta previa, libre e informada y de buena fe a los pueblos indígenas y campesinos.
La iniciativa, que discutirán en Comisiones del Senado de la República, se vislumbra como “una norma de distribución de competencias concurrentes” y no de reconocimiento de derechos a los ciudadanos en especial a los pueblos indígenas, señalaron organizaciones como la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
“El presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controlan el patrimonio biocultural”, firmaron en un comunicado investigadores como Víctor Toledo Manzur, Carlos Ávila Bello, Luis Felipe Crespo Oviedo, Catherine Marielle y Gustavo Ampugnani.
Afirmaron que los pueblos indígenas y las comunidades han usado la biodiversidad como un bien común, que les ha permitido generar un enorme patrimonio biocultural como “bancos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios”.
La iniciativa pasó por encima de la sociedad en general y en contra del acuerdos internacionales firmados por México: el Convenio 196 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Las organizaciones sociales exigieron la suspensión del dictamen y la apertura a opiniones diversas a través de foros, y la consulta libre e informada a los pueblos indígenas.
