Las deficiencias en la legislación nacional vigente, atentan contra el derecho humano a un medio ambiente sano, a la alimentación, al agua, entre otros, señalan las organizaciones.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 11 de julio de 2017
Existe pésima gestión de plaguicidas del gobierno mexicano, señaló Greenpeace en su reporte “Derechos humanos y plaguicidas”, tras realizar una revisión del estatus legal de estos compuestos en el ámbito nacional e internacional.
La organización ambiental, acompañada por representantes de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), alertó sobre la “urgencia de contar con un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas en un marco de respeto a los derechos humanos y la impostergable transición hacia la agricultura ecológica”.
Entre los principales problemas, señalaron las organizaciones, están la “ausencia de una definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos y de políticas que establezcan que por sus daños severos deben ser retirados del mercado; su uso desmedido; deficiencias en su etiquetado; falta de monitoreo y vigilancia así como la ausencia del desarrollo de alternativas al uso de plaguicidas, junto a un sistema perverso de subsidios que apoyan su uso continuo por agricultores”.
Por ello los grupos ambientalistas exigieron “un nuevo marco legal que tenga como pilares los principios de precaución, quien contamina paga y el de sustitución”.
Agregaron que las deficiencias en la legislación nacional vigente atentan contra “el derecho a un medio ambiente sano, la alimentación y el agua, el derecho a la salud, así como derechos laborales de trabajadores del campo, mujeres embarazadas o en lactancia y niños jornaleros”.
A través de María Colín, asesora legal de Greenpeace México, denunciaron la falta de valoraciones e información apropiada sobre los riesgos en el uso de plaguicidas y la inexistencia de una norma que establezca límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas en alimentos, por lo que demandaron la creación “de mecanismos efectivos de participación de los grupos de interés público, como las ONG, para impugnar el otorgamiento de registros de plaguicidas o solicitar su cancelación”.
Fernando Bejarano, director de la RAPAM, enfatizó que “es necesario un cambio de política para que se apoye con fondos federales y estatales alternativas agroecológicas para el control de plagas y enfermedades como recomiendan los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y las reuniones internacionales de gestión de sustancias químicas, considerando en primer lugar las experiencias de las organizaciones campesinas e indígenas”.
Por su parte Victoria Beltrán, de Greenpeace México, explicó que “la política agroalimentaria en nuestro país se basa en un modelo dependiente del uso excesivo de plaguicidas insostenible, por lo que es urgente transitar a una agricultura ecológica. Sólo así podremos hacer valer los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que establecen que todas las personas merecemos condiciones de vida dignas”.
Con información de Greenpeace.org
Foto: paginabierta.mx
