Mina La Natividad sigue operando a pesar de contar con suspensión desde el 5 de agosto.
Sesenta organizaciones de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y CDMX, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aplicar protección a las personas defensoras del territorio en la comunidad indígena de Capulálpam de Méndez, como lo establece el Acuerdo de Escazú.
Lo anterior se plantea porque la comunidad zapoteca ha mantenido un proceso de defensa legal y social desde 2003 contra la mina La Natividad, asentada en su territorio sin el consentimiento de la comunidad.
Este conflicto ha escalado al grado de que en días recientes se difundió una denuncia de la minera contra comuneros de Capulálpam por un supuesto intento de secuestro del gerente de la empresa minera, lo cual ha sido calificado por las organizaciones como una acción de criminalización.
La mina La Natividad y Anexas sigue operando en el territorio de Capulálpam a pesar de contar con sellos de clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde el 5 de agosto de 2024.
Esta explotación minera ilegal ha quedado evidenciada luego de que en diversas ocasiones, las autoridades comunales, por acuerdo de la asamblea general, han decomisado material sacado de la mina, el último el 6 de diciembre de 2024.
Ese mismo día, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam fueron agredidos por personal de la minera y por policías de la comunidad del mismo nombre, perteneciente a Ixtlán de Juárez, así fue difundido por dicho Comisariado.
La comunidad zapoteca también ha denunciado a la mina ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la desaparición de 14 manantiales. Además ha denunciado que los desechos vertidos por la mina han contaminado otros 13 acuíferos con vinilos policlorados, cadmio, plomo, zinc, arsénico y mercurio.
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