Tres años de criminalización a comunidades del Istmo: Misión Civil de Observación.
Los pueblos mixe y zapotecos fueron los que más enfrentaron agresiones durante tres años de la implementación del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, destacó un informe presentado por una Misión Civil de Observación (MCO) donde participaron 22 organizaciones internacionales, nacionales y comunitarias.
El informe, presentado en conferencia de prensa en la Ciudad de Oaxaca, señala que la implementación de este megaproyecto a lo largo de tres años (del 2021 al 2024) transformó significativamente la vida de las comunidades y pueblos sobre todo por sostener una serie de agresiones principalmente contra quienes defendían sis territorios y formas de vida.
La MCO señaló que las acciones de defensa del territorio y el ejercicio del derecho a la protesta fueron los detonantes para sufrir todo tipo de agresiones de parte de autoridades o particulares, incluyendo agresiones letales.
A través de un recorrido por diferentes comunidades del Istmo la MCO recabó datos calificados de alarmantes, entre ellos un recuento de 226 agresiones contra personas defensoras, entre ellas 72 ataques y tres homicidos contra los defensores zapotecos Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023).
Las agresiones más recurrentes fueron la intimidación (30%), hostigamiento (28%), amenazas (10%) y agresiones físicas (7%), se plantea en el informe. El 92% de las víctimas defensoras pertenecen a pueblos mixe (ayuujk) y zapoteco (binnizá).
Se documentó que el principal agresor fue el Estado Mexicano con una presencia importante del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en los territorios indígenas del Istmo.
El informe documentó que se han presentado violaciones a diferentes derechos como a la Libre determinación y consentimiento, ya que las consultas realizadas no respetaron los estándares internacionales; al Territorio, ya que hubo despojo violento de tierras ejidales vinculado a especulación inmobiliaria y a destrucción de tierras de siembra.
Además, hubo violaciones a la Libertad personal, pues se documentaron detenciones arbitrarias de Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones, donde hubo irrupciones en domicilios con uso excesivo de la fuerza y sin señalar las razones de las detenciones. Así también, se documentaron casos de desplazamiento forzado.
El informe incluye una serie de recomendaciones al Estado mexicano que de no cumplir profundizará las violaciones contra las comunidades.
Entre las recomendaciones están: cumplir con las obligaciones de debida diligencia en el marco de la investigación y sanción de los delitos y violaciones a los derechos humanos, reconocer y respetar los derechos humanos y colectivos de las personas y comunidades indígenas, sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno, su derecho al territorio, al consentimiento previo, libre e informado y su reconocimiento como sujetos de derecho público.
Además, detener de manera urgente el proceso de militarización en la región, frenar toda forma de amenaza y criminalización, agresión contra personas defensoras y pueblos indígenas; así como adoptar medidas de reparación integral del daño y no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Entre las organizaciones participantes de la MCO se encuentran: Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Corriente del Pueblo Sol Rojo, ARTICLE 19, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Brigadas Internacionales de Paz, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Educa Oaxaca, Territorios Diversos para la Vida y el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento
Puede consultar el informe aquí.
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