Alertan de masiva exclusión del sector comunitario e indígena.
Durante el panel “Políticas públicas de fomento cooperativo” que se celebró en el marco del “Encuentro Internacional de Cooperativas en la Ciudad de México”, los ponentes Francisco Saucedo, Juan José Rojas Herrera y Héctor Valdés Trejo, criticaron los cambios legislativos para cooperativas que se realizaron en 2025, al calificarlos de regresivos y de poner en riesgo al movimiento cooperativo.
En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la capital del país cientos de cooperativistas se dieron cita los días 9 y 10 de diciembre para el encuentro organizado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, en el marco de los festejos por el Año Internacional de las Cooperativas.
En ese marco, la secretaria de Trabajo local, Inés González Nicolás, pidió a los asistentes transitar de manera conjunta hacia la ciudad del cooperativismo, propuesta hecha hace un año por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Además, destacó la oportunidad de contribuir al sistema de cuidados con la creación de las cooperativas de Cuneros Comunitarios (CUCOS).
En riesgo el futuro cooperativista
En el segundo día del encuentro, el académico de la Universidad Autónoma Chapingo, Juan José Rojas, alertó que “está en juego el futuro del movimiento cooperativo”, pues con los cambios en las leyes cooperativas, se corre el riesgo de editar una nueva versión del corporativismo al que estuvieron sometidas las cooperativas por seis décadas.
Al detallar las nuevas regulaciones, calificó como un despropósito certificar a las cooperativas a partir del grado de cumplimiento a los principios universales del cooperativismo, pues “no es posible hacerlo técnica ni políticamente”. Al ser éstos de naturaleza ética, filosófica e ideológica, “nadie de fuera puede saber lo que realmente sucede al interior de la vida orgánica de una cooperativa”.
El investigador calificó de lamentable que se banalicen los principios cooperativos, cuando se debieran honrar y dignificar, pues son estos los elementos sustantivos y que distingue a las cooperativas de las empresas privadas y públicas.
Apuntó que es el momento de definir el tipo de relaciones que las cooperativas tendrán con el Estado. Señaló que “hay que relacionarse en condiciones de igualdad y en condiciones de respeto mutuo”. Apuntó que no se busca la confrontación, sino establecer relaciones de colaboración, de acuerdos, compromisos conjuntos y a co-construir la política pública.
Rojas Herrera sostuvo que a partir del consenso entre el Estado y el movimiento cooperativo se pueden construir políticas públicas desde la experiencia y buenas prácticas cooperativas. Propuso implementar una campaña nacional de formación y capacitación para educar desde el ABC del cooperativismo a los 12 millones de cooperativistas mexicanos e invertirle los recursos necesarios.
Control y exclusión
En el mismo sentido, Héctor Valdés Trejo, asesor de cooperativas, afirmó que las mencionadas reformas legislativas son parte de un proceso de control gubernamental que “se hicieron detrás de un escritorio”.
Al analizar los nuevos procesos regulatorios, Valdés Trejo señaló que existen “huecos normativos” que entrarán en conflicto con diferentes leyes y regulaciones. Además, alertó que habrá un manejo de información privada y sensible de cada cooperativista.
Señaló que la certificación será una caja negra para los cooperativistas, quienes no sabrán lo que ahí ocurra. También alertó que las discrepancias en las certificaciones serán resueltas de forma discrecional por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), dependencia que se volverá un agente de exclusión, de uso político y clientelar, al grado que “ya hay cooperativas certificadas sin que se haya abierto el proceso de certificación”.
El cooperativista señaló que detrás de la certificación hay una lógica de control y no de fomento, “se confunde la profesionalización con una certificación exógena de gente que cree que sabe de cooperativas”. Añadió que “hay una obligatoriedad disfrazada de un acto voluntario”.
Advirtió que las consecuencias previsibles del modelo de certificación será una masiva exclusión del sector comunitario e indígena, una desarticulación de las redes autogestivas y una judicialización de los acuerdos del INAES. “Tendríamos que manifestar ampliamente el rechazo a estas disposiciones”, apuntó.
Proceso legislativo regresivo
Por su parte, Francisco Saucedo, integrante del Centro Internacional de Investigación de Economía Social Solidaria (CIIESS) de la Universidad Iberoamericana, señaló que las cooperativas tienen que realizar una autocrítica sobre todo con el tema de la unidad.
Expresó su preocupación ante lo que llamó proceso regresivo de políticas legislativas. “Nos hemos encontrado con una falta de sensibilidad en el legislativo, e incomprensión del cooperativismo y la economía social solidaria”.
Recordó que la última experiencia de parlamentos abiertos sobre cooperativismo fue una experiencia traumática, “nos quisieron imponer algo que a nadie nos gustó sin tener claro un proceso de sistematización responsable”.
Participación internacional
Durante el encuentro cooperativo destacó la Mesa Regional 1, con el tema “Intercambio latinoamericano: Modelos cooperativos y fomento público”, donde participaron el secretario de Economía Popular y Solidaria de Brasil, Gilberto Carvallo; la presidenta de la Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo en Argentina, Edith Encinas; el director Social en el Fondo para el Desarrollo en Uruguay, Carlos Aulet; y el activista por los derechos campesinos y la economía social en Colombia, Weimar Guarín.
En el encuentro se escucharon las experiencias de las cooperativas de los pueblos originarios. Alberto Feliciano Severiano compartió las prácticas de la Unión de Cooperativas Tosepan, con presencia en Puebla y Veracruz. Gustavo López Mendoza, presidente del Consejo Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Préstamos Kualaní, destacó la importancia de las asambleas de los pueblos en las cooperativas comunales de Guelatao, Oaxaca. También, se llevó a cabo el conversatorio “A 20 años de la Ley de Fomento Cooperativo de la Ciudad de México”, entre otros. Durante el encuentro, no hubo participación de representantes del INAES.
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