Foto: El Horizonte 
Sentencia echa por tierra discurso oficial y de Grupo México: comunidades afectadas.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 03 de agosto de 2017
Comunidades del norte del país afectadas por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), ganaron un amparo por la contaminación de los ríos y demandaron al gobierno por no atender la salud de los pobladores.
A casi tres años del considerado “peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a manos de la mina Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, las comunidades afectadas reclaman la impunidad de la empresa minera y falta de atención del gobierno.
Los pobladores de comunidades como Huépac, Aconchi y Ures, donde ocurrió el desastre ambiental, acusaron que ni el gobierno ni la empresa han cumplido la promesa de construir 36 plantas potabilizadoras y atender la salud de los afectados.
Organizados en los Comités de Cuenca, los pobladores lograron que un juez reconociera que el agua sigue contaminada. El Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora reconoció que al menos dos pozos (Sinoquipe y La Labor), presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en la guías de calidad para el agua potable de la OMS.
La sentencia “echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora”, señalaron las CCRS.
Acompañados por la organización PODER, las comunidades demandaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no responder a solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de Río Sonora, y no haberles brindado atención adecuada a su salud.
