Piden a Comisión de Economía Social quitar homologación fiscal con sector privado empresarial.
Durante la sexta mesa de trabajo entre integrantes de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de Diputados e integrantes del movimiento cooperativo, éstos urgieron concretar los esfuerzos en reformas legales y justicia fiscal.
Rafael Martínez Ponce, presidente de la Comisión Legislativa del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop), enfatizó a los legisladores que “el sector social no está pidiendo privilegios, sino justicia fiscal, el reconocimiento jurídico y una diferenciación normativa acorde a su función social y comunitaria”.
Urgió corregir los efectos nocivos de la homologación fiscal que mantienen el sector social y el sector privado empresarial, pues ha derivado en afectaciones estructurales como cargas fiscales desproporcionadas para las cooperativas, así como un trato fiscal idéntico entre bancos y cooperativas de ahorro y préstamo.
Martínez Ponce llamó a establecer un diálogo tripartito entre legisladores, el sector social y la Secretaría de Hacienda para consensuar los mecanismos fiscales acordes a la función social de las cooperativas y al mandato de fomentar el sector social que establece el Artículo 25 Constitucional.
El representante del Cosucoop recordó que desde 2003 han sostenido múltiples esfuerzos, mesas de trabajo y parlamentos abiertos, que han quedado en declaraciones de buena voluntad. “El proceso actual del diálogo fiscal no puede repetir ese patrón de simulación”, sentenció.
¿Qué propone Cosucoop en materia fiscal?
En sus propuestas de reformas para impulsar al sector social, el Cosucoop plantea exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cooperativas cuyos excedentes se reinviertan o distribuyan entre socios hasta cierto tope; tasa 0 de IVA para operaciones inter-cooperativas; así como deducciones fiscales a empresas privadas que compren insumos a cooperativas o que integren cadenas productivas con el sector social.
Además, propone que la Ley del ISR reconozca la figura de Fondos de Educación Cooperativa como gastos deducibles y permita que personas físicas donen a proyectos de economía social con deducción.
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