Además debe pronunciarse sobre Ley Minera contraria a la Constitución y Tratados Internacionales, afirman comunidades de la Sierra Norte de Puebla y organizaciones.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 05 de marzo de 2018
Comunidades indígenas del municipio de Ixtacamaxtitlán calificaron como crucial la sentencia que este día emitirá Juzgado Segundo de Distrito, ubicado en Puebla, pues debe pronunciarse sobre las concesiones a la minera Almaden Minerals y sobre la Ley Minera.
De acuerdo a la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, donde participa la comunidad nahua de Tecoltemi, que interpuso el juicio de amparo contra las concesiones mineras entregadas por la Secretaría de Economía a la minera canadiense, “el Estado Mexicano no contó con su consentimiento para otorgar las concesiones sobre su territorio, y que tampoco realizó consulta alguna al respecto”.
Tecoltemi además argumenta que “fue violado su derecho a la tierra y al territorio, pues con las concesiones, el Estado entregó a un particular la posibilidad de disponer de sus tierras y de los recursos en ellas contenidos, para fines de la minería”.
El Juzgado de Amparo además de definirse sobre la cancelación de los títulos de concesión que piden las comunidades indígenas, deberá estudiar a fondo el asunto y analizar violaciones cometidas por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República al dictar diversos artículos de la Ley Minera de 1992, contrarios a la Constitución y a Tratados Internacionales, señalaron las comunidades.
Tecoltemi, la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, han sido acompañados por varias organizaciones como Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, afirmaron que la sentencia “será relevante no sólo para Tecoltemi, sino también para los pueblos originarios y los núcleos agrarios del país, que están defendiendo la vida de sus comunidades ante la imposición de megaproyectos”.
La resolución ocurre en un contexto donde representantes de la empresa Almaden Minerals afirmaron que en Ixtacamaxtitlán no existe población indígena, a pesar de que instituciones como Semarnat, Inegi, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), documentaron que al menos 63 comunidades son hablantes del náhuatl.