Comités de Cuenca documentan presencia masiva de metales pesados en habitantes y pérdidas por más de 10 mil mdp.
A 8 años del derrame de 40 millones de litros tóxicos en el Río Sonora por parte de Grupo México, la empresa permanece en impunidad y opera sin un plan de manejo de residuos peligrosos, denunciaron los Comités de Cuenca de Río Sonora (CCRS).
Los CCRS, acompañados de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), presentaron un balance sobre las afectaciones provocadas por el mayor derrame tóxico en la historia de México, donde destacan la presencia masiva de metales pesados en la sangre y orina de la población.
Además, documentaron que las afectaciones económicas para el estado y sus habitantes superan los 10 mil millones de pesos, cifra que triplica lo estimado por el gobierno de Enrique Peña Nieto (3 mil millones), y que quintuplica lo destinado al fallido Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones), de los cuales sólo se ejercieron mil 200 millones.
En los temas de impactos a la salud, se documentó una exposición homogeneizada a metales pesados en personas de ocho municipios de la cuenca. Tras un análisis realizado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) a 650 personas se confirma la presencia de plomo en orina de más del 95% de la población, cadmio en 79% y arsénico en más del 50%.
Además se documentó la exposición positiva y elevada en la sangre en porcentajes del 58 al 90% de la población y presencia de manganesos entre 19 y 50%, según sus municipios.
“Esta nueva información revela que la versión construida por Grupo México, avalada por la pasada Administración, no se sostiene y hace falta un nuevo plan que contemple acciones que conduzcan a una efectiva reparación del daño, hacia la rendición de cuentas de la empresa y hacia un freno a la captura corporativa del Estado”, señala el informe elaborado por las y los miembros de los CCRS y Poder.
En el arranque de las mesas de diálogo y trabajo con el gobierno federal, en el marco del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, los comités de cuenca demandaron la elaboración de un plan integral de justicia y reparación, con perspectiva ecotoxicológica, a largo plazo en materia de salud, socioambiental y de otros derechos afectados.
En dicho plan se deben considerar la instalación de una clínica de especialidades, así como potabilizadoras con capacidad para separar metales pesados en las comunidades que lo requieran. Además, la exigencia para que el Estado mexicano se imponga y sancione a la empresa responsable del desastre, apuntaron.
Consulta el informe: El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el Río Sonora
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