Unas 2 mil hectáreas devastadas por tala clandestina e innacción de autoridades federales y locales, denuncia Rema.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) alertó de un eventual “ataque de fatales consecuencias” contra la población de Topilejo en la Alcaldía de Tlalpan, CDMX, por parte de talamontes, quienes el pasado 4 de noviembre atentaron con armas de fuego contra brigadistas y autoridades agrarias en el paraje Tepeyehual.
En esa zona sur de la Ciudad de México, las autoridades de la comunidad originaria de San Miguel Topilejo han denunciado la deforestación de al menos 2 mil hectáreas de bosque de oyamel, de las 10 mil que conforman la propiedad comunal. De ese total de territorio, 6 mil has son consideradas áreas de conservación y reserva ecológica.
Desde el 2018 han interpuesto más de 40 denuncias ante diferentes instancias federales y locales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), Gobierno Federal, Gobierno de la CDMX, Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Dirección General de Vigilancia Ambiental (Dgiva), Alcaldía de Tlalpan, Comisión de Recursos Naturales (Corena), sin que haya ocurrido acciones concretas, salvo eventuales patrullajes de Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional.
Al no haber ningún plan efectivo ni protocolo en estos patrullajes no se ha detenido a nadie, a pesar de haber ocurrido algunos enfrentamientos con talamontes bajo el argumento de que no existen “órdenes para actuar”, señaló la Rema.
La organización ambientalista alertó de “alarmantes niveles de violencia” contra brigadistas y autoridades agrarias, responsables de la vigilancia, combate de incendios forestales, saneamiento y reforestación del bosque, quienes han sido amenazados de muerte por grupos delincuenciales.
“Pareciera que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal esperan a que una gran desgracia ocurra”, condenó la Rema. Añadió que la inmovilidad de las autoridades fortalece la impunidad y el saqueo de los bosques y ponen en riesgo la vida de las personas defensoras.
“La tala ilegal es un acto de falta de procuración de justicia, de total impunidad y de una colosal descomposición de las instituciones que saben que ello ocurre y ni antes ni ahora hacen nada para resolverlo”, sentenció la Rema.
En 2018, durante un encuentro de ejidos y comunidades de alcaldías con suelo de conservación se denunció que a pesar de haber atrapado y asegurado a talamontes con evidencias de sus delitos, las autoridades no procedieron penalmente y los dejaron en libertad.
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