Operan 73 proyectos mineros en las ANP y están concesionadas 2.39 millones de hectáreas a esta actividad.
Ambientalistas se reunieron a las afueras del Senado para pedir “de manera urgente” la aprobación de la iniciativa que prohíbe la minería en Áreas Naturales Protegidas (ANP) que fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de 35 mil firmas, modificaría el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en ANP. “Con ello se avanza en la protección de estos territorios”, dijo el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Actualmente hay 2.3 millones de hectáreas concesionadas a la minería en ANP lo que equivale a la superficie del estado de México. Además, operan 73 proyectos mineros, algunos de ellos en áreas reconocidas de Patrimonio Mundial como la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, en Michoacán, de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano.
Con base en datos del Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta 2015 las actividades mineras habían generado 11 sitios altamente contaminados al interior de siete ANP en Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora, señaló el CCMSS.
Añadió que el marco minero actual posibilita esta actividad en ANP dado el “carácter preferente” que tiene la minería sobre otros usos en los territorios. Lo que conlleva a que la minería sea “una de las actividades que mayores impactos y violaciones ocasionan en los derechos sociales y ambientales”.
Para el Consejo, las ANP son “de vital importancia para garantizar la conservación de cientos de especies en riesgo y para la provisión de servicios ecosistémicos de nutrientes, soporte y regulación hidrológica, climática, suelo, entre otras”.
Además señaló que estas áreas son entornos “fundamentales para la cultura y la identidad nacional, en las que generalmente habitan pueblos originarios, y proporcionan un campo propicio para la investigación científica enfocada en la regulación ambiental”.
De acuerdo a La Jornada, las organizaciones que entregaron las firmas al Senado, obtuvieron la respuesta de que el tema que ya no podrá salir en este período de sesiones y quedará pendiente para septiembre. De hecho, asociaciones como Carto Crítica, CCMSS, Observatorio Académico y Fundar, no fueron recibidas por ningún legislador puesto que la sesión del 27 de abril fue digital.
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