Pocos cambios en políticas extractivas con el actual gobierno, analizan organizaciones.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 25 de octubre de 2019
Con un llamado al Gobierno Federal a terminar con la criminalización, violencia y hostigamiento para las personas defensoras del territorio, así como a generar condiciones para realizar su labor en favor de los pueblos, concluyó el Encuentro de Defensores del Territorio el 20 de octubre en Cuetzalan, Puebla.
El llamado ocurre días después que Amnistía Internacional alertara del incremento de agresiones hacia ambientalistas y defensores del territorio. “Tan sólo en 2019 se han reportado 12 asesinatos de personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente”, señaló la organización internacional apoyado en datos de Global Witness. La organización global registró 15 muertes de ambientalistas en México en 2017, y 14 en 2018.
En el Hotel Taselotzin, gestionado y administrado por mujeres masehual, las personas defensoras integrantes de 32 organizaciones como Alianza Mexicana Contra el Fracking, Concejo de Pueblos de Morelos, Fundar y CartoCrítica, analizaron la situación de las comunidades y defensores ante proyectos extractivistas en el contexto de la denominada 4T.
Tiempo de definiciones
En el encuentro se analizaron situaciones como el avance del fracking en la Huasteca Potosina, el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, y el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que busca generar electricidad exclusiva para Walmart y empresas asociadas.
“Se mira que la situación no ha cambiado nada (con la 4T). Los proyectos extractivos están en términos de definición”, señala la abogada Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Durante el encuentro, añadió, se analizó la contradicción del discurso del Gobierno Federal sobre no permitir fracking, sin embargo existe una partida en el presupuesto de egresos destinada a esa práctica. “En casos de la Huasteca Potosina hay solicitudes para autorizar campos de exploración de hidrocarburos no convencionales con la técnica de fracking”, apuntó.
Sobre ello, esta semana Fundar documentó que existen dos proyectos relacionados con fracking con un recurso asignado del presupuesto federal de 10,837 millones. Las organizaciones han insistido en que debe llevarse el discurso oficial anti fracking al plano de las leyes, incluso con un decreto presidencial de suspensión inmediata basta, han planteado.
Aumenta hostigamiento
Sobre el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, que se encuentra a días de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva sobre el Manifiesto de Impacto Ambiental, la ambientalista denunció que se han incrementado las prácticas de acoso y hostigamiento no sólo contra las personas opositoras, sino contra las organizaciones que han acompañado el proceso de defensa del territorio.
El acoso, prosigue la abogada, no proviene de las empresas directamente, si no de sus trabajadores: “las empresas han buscado que el discurso diga que son conflictos intracomunitarios, cuando es evidente que la conflictividad surge a partir de la llegada de estos proyectos”.
En Ixtacamaxtitlán “se han mencionado con nombre y apellido a los integrantes de las organizaciones que acompañan a Cesder y a la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, lo que los coloca en un grado de vulnerabilidad frente a una comunidad cada vez más dividida”.
En cuanto al caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, donde un juez negó los derechos de las comunidades en favor de una hidroeléctrica para Walmart, gente de las comunidades “han ido a las oficinas de Fundar a exigir que no impugne la sentencia del juez”.
La animadversión hacia los defensores “ha surgido de la dependencia económica hacia los megaproyectos y la idea de los supuestos empleos que va a generar”, explica la integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Exigencias
Del encuentro en Cuetzalan de personas defensoras, surgió un pronunciamiento dirigido a autoridades de diversos niveles donde se pide el respeto y garantía de los derechos a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos, así como la cancelación definitiva de concesiones mineras, hidroeléctricas, gasoductos y proyectos extractivos en territorios que se han pronunciado en contra de esas actividades.
Además, se exigió al Gobierno Federal y del estado de Puebla poner medidas urgentes para proteger a las personas defensoras de la Sierra Norte de Puebla, así como avances en la investigación de los asesinatos de los activistas Samir Flores, Antonio Esteban y Manuel Gaspar.
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