“Sabemos que existen nuestros derechos pero a la hora de la aplicación se vuelven contra nosotros”: Leydy Pech.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 26 de abril de 2018
Los derechos de los pueblos indígenas a la hora de la aplicación se vuelven en nuestra contra, afirmó Leydy Pech, representante del Colectivo Los Chenes, ante el comisionado de la ONU sobre los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Jan Jařab.
Durante la Revisión 2018 del Comité de DESCA de la ONU, la apicultora maya recordó que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que “se suponía era para proteger nuestro derecho”.
La sentencia obligaba a realizar una consulta indígena en las comunidades mayas afectadas por la siembra de soya transgénica y detener la siembra en tanto concluyera la consulta. Sin embargo “las autoridades encargadas de aplicar la sentencia, el Poder Judicial, se volvió en contra de las comunidades mayas”, afirmó la activista indígena.
Leydy Pech denunció que autoridades como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificado (Cibiogem) protegieron a los empresarios que siembran la soya transgénica.
La consulta indígena maya está frenada luego de seis sesiones donde no existieron condiciones de seguridad para los comuneros mayas ni sus asesores y la soya transgénica se sigue sembrando. Leydy Pech reiteró la disposición de las comunidades de llevar a cabo la consulta.
“Nuestro caso es un caso claro de impunidad que estamos viviendo en México”, dijo Leydy Pech al representante de la ONU, Jan Jařab. “Sabemos que existen nuestros derechos pero a la hora de la aplicación se vuelve contra nosotros”, añadió.
Resaltó que en México las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos corremos el doble de riesgo de la violencia que sufren los hombres.
A su vez, Jan Jařab afirmó que a la ONU le preocupa la violencia contra los defensores de los DESCA pues de 2010 a 2016 en México ocurrieron 303 casos de ataques a los defensores ambientales.
“No se puede imponer un modelo económico que favorece a los grandes empresarios y victimiza a las comunidades, si se hace, vamos a ver un mayor nivel de conflictividad social”, advirtió Jařab.
