La actividad atenderá los derechos humanos y el medio ambiente.
La Colectiva Cambiémosla Ya, integrada por comunidades y organizaciones, celebró la iniciativa del ejecutivo al “sentar las bases” para regular en materia de minería y con ello “frenar los atropellos” que durante estos 30 años se han cometido en nombre de un “desarrollo” que ha beneficiado a unos pocos.
Leticia Merino, investigadora la UNAM e integrante de la Colectiva, aclaró que la ley “no implica que no se hará minería, sino que será en condiciones atentas a derechos humanos, comunitarios, a un ambiente sano y al agua”.
Las ganancias para unos pocos
La integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Cecilia Navarro, indicó que en estas tres décadas de la Ley Minera poco han aportado a las finanzas públicas, no generaron desarrollo, ni crecimiento. “Han dejado contaminación, enfermedades, pobreza, violencia y desplazamiento forzado”.
Beatriz Olivera, directora de la organización Engenera, señaló que la contribución del sector minero a las finanzas públicas fue del 0.13% en 2019; el 0.32% para el 2020; y aportó el 0.97% durante 2021. “La minería en general apenas llega al 1% de los ingresos federales”.
Desde Cambiémosla Ya hicieron un llamado a los legisladores de la Cámara de Diputados a aprobar la iniciativa para proteger y garantizar los derechos humanos y el bienestar de las comunidades para dar “un paso importante en el fortalecimiento de la rectoría del Estado sobre los bienes públicos”.
Lo que contiene la iniciativa
La reforma, presentada el 24 de marzo, modifica diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, la General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua.
Cambiémosla Ya reconoció que la iniciativa retomó puntos centrales de sus demandas como eliminar el carácter preferente de la actividad minera; disminuir del tiempo de concesión, de hasta 100 años a 30; y no podrán intercambiarse concesiones entre particulares.
La organización destacó que se haría efectiva la libre determinación de los pueblos y el derecho a decidir sobre sus territorios. También se modificaría el régimen de concesiones para evitar la privatización de facto del territorio y de los bienes naturales; además de fortalecer el cuidado del ambiente y los sitios sagrados.
Asimismo, las violaciones de derechos humanos y el daño ambiental grave serán causales para cancelar concesiones; se eliminan los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y al agua. Esta actividad se prohibiría en Áreas Naturales Protegidas y en los mares.
La Colectiva destacó que la iniciativa contiene otros elementos de enorme relevancia como el criterio de disponibilidad hídrica para la entrega de una concesión; la obligatoriedad de un Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre que establezca las acciones de reparación, restauración, rehabilitación y remediación ambiental, entre otros.
Por su parte Aleida Azamar, investigadora de la UAM, alertó que en la iniciativa se omitió la regulación de la minería a cielo abierto, que es “una de las prácticas extractivas que más daño producen”, y la reconoció como uno de los esfuerzos sociales y ambientales más importantes en materia minera mexicana en los últimos 50 años.
Cambiémosla Ya está integrada por comunidades de Zacatecas, Morelos, Sonora, Puebla, Baja California Sur y Oaxaca. Algunas organizaciones que también pertenecen a la Colectiva son Carto Crítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Maseual Altepetajpianij, Educa Oaxaca y Poder.
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