Se elimina de facto un modelo de financiamiento social en beneficio del esquema lucrativo.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 20 de abril de 2015
Dos millones de campesinos e indígenas y cinco millones de socios directos de cooperativas de ahorro se quedarían sin la posibilidad legal de ahorrar de aprobarse la denominada Ley Ficrea.
Si agregamos que campesinos y cooperativistas se vinculan en núcleos familiares de por lo menos cuatro personas, el resultado arroja a 28 millones de afectados por esta iniciativa que se creó con la supuesta idea de resarcir el daño a los ahorradores de Ficrea.
La iniciativa llegó el miércoles a la Cámara de Diputados y sin ser leída ni discutida fue aprobada en Comisiones para ser votada al día siguiente en el pleno, pero ese mismo día fue frenada por representantes de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) y de sociedades financieras comunitarias (Sofincos).
El trasfondo se debate entre el exceso de regulación y la depuración del mercado financiero, pues se pretende eliminar a las financiadoras sociales para concretar la supremacía de las bancas privadas, financiadoras de, entre otras cosas, la industria armamenticia.
Borran de un plumazo a las Sofincos
Las Sofincos fueron creadas en 2009 para contribuir a la seguridad alimentaria y desarrollo económico de comunidades campesinas e indígenas, basado en principios de solidaridad, territorialidad y ayuda mutua.
A diferencia de las sociedades privadas o sociedades financieras populares (Sofipos) como Ficrea, ninguna de las personas físicas que integran las Sofincos puede tener más del 1% del capital.
Cerrar Sofincos, como lo pretende hacer la Ley Ficrea, sería una “clara violación al derecho humano de inclusión financiera”, afirmó Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), organización donde ahorran cerca de 70 mil socios, 90% de ellos en comunidades de alta y muy alta marginación.
“Los legisladores no sólo atentan y borran de un plumazo, sin consultar, sin preguntar, sin medir el impacto y los efectos negativos en la población rural más vulnerables, comunidades indígenas y campesinas”, señaló la representante de las Sofincos.
Nos vamos a movilizar: campesinos
Para el representante de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, los legisladores tienen la mira desviada. “Cometen fraude en una Sofipo y hacen una iniciativa que impacta a más de 2 millones de ahorradores” de Sofincos y Socaps de zonas indígenas, es decir, los dejan excluidos.
“No nos oponemos a que se resuelva el caso Ficrea, hay que recuperar los ahorros de estos inversionistas pero no a costa de quitarles las oportunidades a los indígenas y campesinos del país”, sostiene el dirigente campesino. Subraya la diferencia: “Las Sofincos y Socaps no buscan el lucro, cosa distinta pasa en las Sofipos”.
Para Max Correa la tirada de la Ley Ficrea es favorecer al sistema bancario, “pero hay más de 2 mil municipios que no tienen bancos”. El plan de acción campesino es sensibilizar a los legisladores y si no hay buenas cuentas en ello, movilizarse.
Sólo se consultó a Sofipos en Ley Ficrea: Concamex
Sorprendidos, los dirigentes de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex) no han definido el tamaño del golpe que la Ley Ficrea pondrá a las cooperativas de ahorro y préstamo.
Jorge Castillo, vicepresidente de Concamex, calcula en millones los afectados. “Hay un daño a la sociedad. Hay 5 millones de personas afiliadas de manera directa a las cooperativas de ahorro, que tienen una incidencia mínimo con 20 millones de personas y que corresponden a las zonas más desprotegidas del país”, hace el cálculo.
El representante de una de las cooperativas más grandes del país, la de telefonistas, afirma que el sector no fue consultado. “Hay un reporte del 9 de abril en el Senado, donde la Comisión de Hacienda dice que sólo se consultó a las Sofipos” (como Ficrea).
De los 8 decretos de la Ley Ficrea el 3 y 4 son los que tocan a las cooperativas de ahorro y préstamo. “Pedimos que se excluya el decreto 3, que es el que elimina el concepto de nivel básico. Este decreto señala además que todas las Socaps deben estar autorizadas y en consecuencia mata las nuevas, a las que quieren autorizarse”.
El tema del caso Ficrea es de supervisión, afirma. No hubo una supervisión adecuada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como tampoco la hubo en otros casos, prosigue. “Pareciera que ya se olvidó el gran fraude de Oceanografía a Banamex por 400 millones de dólares. Ya se olvidó el problema de los bancos que la CNBV autorizó y para nada se planteó modificar la Ley de Instituciones de Crédito”.
El tema es depuración del mercado
Los integrantes de la Alianza Cooperativista Nacional también se alistan a movilizarse junto al Consejo Superior de Cooperativas (Cosucoop), las cooperativas Tradoc y Pascual.
Se dicen molestos porque las Socaps no fueron tomadas en cuenta a pesar de haber trabajado un marco regulatorio que fue aprobado en abril de 2014 y que marcaba tiempos para autorizar a cientos de cajas de ahorro en el país.
Para Rafael Martínez Ponce, presidente de la Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), el trasfondo de esta ley es la depuración del mercado. “El fondo de esto es que para ocultar las responsabilidades de algunos funcionarios encargados de supervisar a Ficrea, realizan un marco regulatorio que afecta a todos”, añade Martínez Ponce.
“Les importa un comino el sector social. El tema es una depuración del mercado”, señala y ante la evidente prevalencia del modelo bancarizado suelta: “Creíamos en el diálogo. Esto se agotó”.
¿A quién le pega y quién gana con la Ley Ficrea?
Existen 25 Sofincos en el país y 395 Socaps de nivel básico que desaparecerían con esta ley. Las Sofincos son integradas por 83 mil socios de comunidades indígenas de alta y muy alta marginalidad. Poseen 280 millones de pesos de sus socios e invierte sus recursos en créditos para las mismas comunidades en los rubros de proyectos productivos, agrícolas y de vivienda. Las Socaps básicas se integran por 277 mil 650 socios, poseen 1, 810 millones de pesos en activo y sólo pueden reinvertir sus recursos en proyectos de los propios ahorradores, como son vivienda, bienes e inversión productiva.
Los ganones de la Ley Ficrea, los bancos privados, en cambio han sido señalados por blanquear dinero del crimen organizado como en el caso de HSBC, el cual fue multado por mil 900 millones de dólares en EU y 379 mdp en México. Además un informe de la organización holandesa PAX (paz), identifica a varios bancos como integrantes del Salón de la Vergüenza por financiar a la industria nuclear y armamenticia, cuyas filiales en México son Banamex de Citigroup, Bancomer de BBVA, Santander, Scotiabank y al citado HSBC.
De ellos, detalla PAX, el banco BBVA destinó de 2011 a 2014 la cantidad de 3 mil 34 millones de dólares a la industria bélica, en contraste de la banca social que está a punto de ser borrada en nuestro país.
Fotos: Amucss
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