Cincuenta y dos comunidades de Oaxaca expresan posicionamiento frente al gobierno de AMLO.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 11 de diciembre de 2018
Ayer se presentó el dictamen del Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras, donde participaron 52 comunidades de Oaxaca que presentaron 22 casos de afectaciones causadas por la minería.
Ante las evidencias presentadas durante el juicio sobre violaciones a derechos humanos de comunidades, afectaciones irreversibles a ecosistemas, criminalización de autoridades comunitarias y defensores ambientales, fractura del tejido social e inseguridad donde operan los proyectos mineros, el jurado resolvió ocho puntos dirigidos al Estado Mexicano.
El jurado, integrado por personas expertas nacionales e internacionales, exigió garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo el reconocimiento y respeto de las formas de gobierno y el control y administración de sus territorios.
Además pidió cancelar las 322 concesiones y 41 proyectos mineros vigentes en Oaxaca ya que fueron impuestos sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Asimismo exigió derogar la actual ley minera y suspender la entrega de títulos mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete los derechos de los pueblos indígenas.
Frenar criminalización de la protesta
También se dictaminó que se debe garantizar a quienes defienden los territorios indígenas al derecho de hacerlo en condiciones de libertad y seguridad. Se pidió al Senado ratificar el acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Otro de los puntos del dictamen fue detener la política de criminalización de la protesta social, así como castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de personas defensoras del territorio desaparecidas, suspender las órdenes de aprehensión y las amenazas individuales y colectivas.
Se exigió crear un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a la información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes. Así como cumplir con las recomendaciones al Estado de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Dentro del jurado participaron especialistas internacionales en la materia como Blanca Chacona, vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, de la Organización Fuerza de Mujeres Wayuu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño de la Fundación para el Debido Proceso; e Ignacio Henríquez, de Oxfam en El Salvador.
Por México integraron el jurado Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ y Premio Nacional de Derechos Humanos; Abel Barrera, director del centro de derechos humanos Tlachinollan; Beatriz Gutiérrez, defensora del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar; Carmen Herrera García, abogada por la Justicia de los Derechos Humanos AC; y Francisco López Bárcenas, abogado mixteco experto en derechos indígenas.
Fotos: Informe Juicio Popular y Educa
