Pide al Estado Mexicano preservar la vida, integridad personal y salud de habitantes.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 11 de febrero de 2020
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, el 7 de febrero, las medidas cautelares a favor de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, en Jalisco.
El 18 de julio de 2019 la CIDH recibió una solicitud, de los pobladores de municipios de Juanacatlán, El Salto y Poncitlán, sobre las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida, la integridad personal y la salud de las personas, ante la contaminación del Río Santiago y el Lago de Chapala.
De acuerdo a la información de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión observó con preocupación los estudios que demuestran que existe un alto porcentaje de indicios de enfermedades renales y se detectaron pesticidas en la orina de menores de edad, presuntamente derivadas de la exposición a contaminantes presentes en el Río Santiago y sus entornos.
El Estado aportó una medida de descontaminación implementada por Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para la recuperación del río, saneamiento y manejo sostenible del agua. No obstante, la CIDH advirtió que esa medida no es idónea para restar la contaminación producida por residuos industriales y recordó al Estado Mexicano la obligación por mitigar el daño ambiental.
Tras analizar los alegatos, la CIDH consideró que la información demuestra que las personas se encuentran en situación de gravedad y urgencia; a su vez, sus derechos de vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
La comisión solicitó a México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas de hasta 5 kilómetros del Río Santiago, en Jalisco.
Particularmente, pide que se adopten las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado a las personas beneficiarias, proporcionándoles una atención adecuada, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, indicó que la responsabilidad es de otras dependencias, como CONAGUA, Semarnat y Profepa. De igual forma señaló que sólo trabajarán con la Secretaría de Salud federal y que el resto de las instituciones competentes, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y el Consejo de Cuencas, “tendrán que atender las medidas en primer término”, según El Informador.
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