Le cae clausura definitiva a mega granja porcícola en Yucatán

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Foto: Profepa

La empresa deberá reparar el daño ambiental, así como desmantelar y abandonar el sitio.

La mega granja porcícola de la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, Mérida, Yucatán, fue clausurada ayer de forma total y definitiva por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por emitir descargas directas de aguas residuales sin permiso, omitir la caracterización de sus lodos e incumplir de manera reiterada siete medidas correctivas.

De acuerdo a información proporcionada por el comisariado de Santa María Chi, la mega granja tenía en abril 72 naves y un inventario aproximado de 60 mil cerdos. La granja había sido clausurada de forma temporal en abril.

En un comunicado, la dependencia afirmó que a partir de la clausura, buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y con seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio.

Tuvieron que pasar cuatro años, desde que organizaciones sociales y de comunidades mayas presentaron denuncias de las afectaciones ambientales y en la salud, para que la Profepa clausurara.

Desde entonces la autoridad ambiental la Profepa realizó visitas de inspección a varias granjas porcícolas de los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá. La granja de Pecuaria Peninsular fue una de las inspeccionadas, a la cual se le impuso medidas correctivas.

La titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que se trata de un caso fundamental para la dependencia pues “conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno”.

La dependencia aseguró que atender la problemática sobre los impactos de las granjas de cerdos en la Península de Yucatán es una prioridad, así como a las comunidades afectadas y asegurar que se cumpla su derecho al medio ambiente.

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