Denuncian escalada de agresiones y criminalización en el contexto del Corredor Interoceánico.
Comunidades indígenas integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) se declararon en “Alerta Máxima” ante las agresiones y amenazas contra la defensora Poulette Celene Hernández, ocurridas en Tonalá, Chiapas.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO) exigió a las autoridades adoptar medidas de protección urgentes y concertadas con la defensora; implementar medidas de seguridad en su domicilio y entorno; e investigar las agresiones con la debida diligencia y perspectiva de género.
Los días 7 y 8 de febrero la defensora fue víctima de actos de intimidación y agresiones directas en su domicilio. Por esos actos se inició la denuncia penal 070-2026 en la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Región Istmo Costa.
Poulette Celene Hernández es abogada y defensora de derechos humanos. Realiza su labor en contextos de alta vulnerabildad. En días recientes denunció los intentos de despojo por parte del Corredor Interoceánico, la criminalización hacia familias en Arriaga y Pijijiapan, así como la colusión entre grupos delictivos con autoridades en la región, informó el CDHDO.
La APIIDTT señaló que dichas agresiones no son aisladas, “se inscriben en un contexto sistemático de difamación, hostigamiento, judicialización y violencia contra personas defensoras del territorio” que se han opuesto al Corredor Interoceánico y en específico al desarrollo de la Línea K operada por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT).
La asamblea comunitaria denunció la existencia de un patrón de agresiones en Oaxaca y Chiapas que incluyen campañas de desprestigio y estigmatización, el uso indebido del sistema penal para desgastar a las comunidades, así como incremento de amenazas, vigilancia y riesgos a la integridad de las personas defensoras.
Adicionalmente, responsabilizó al Estado por los daños que pudiera tener la defensora, exigió el cese de la criminalización y el respeto irrestricto al derecho a la defensa del territorio, a la consulta previa, libre e informada y a la libre organización comunitaria.
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