Consejo Supremo Indígena espera que participen 100 comunidades; denuncia represión, cooptación y difamación.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México //23 de enero de 2020
El 25 de enero en la comunidad de Jucutacato, Uruapan, se llevará a cabo el “III Congreso Estatal Indígena de Michoacán: El Plan P´urhépecha”, nombrado así en honor al Plan de Ayala de Emiliano Zapata, donde se definirá un plan de acción sobre la autonomía y los procesos de autodeterminación.
Ante los hechos de violencia del 14 de enero en Nahuatzen, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que agrupa a 60 comunidades, invitaron a pueblos y comunidades, así como a autoridades civiles, comunales y tradicionales, a participar en mesas de trabajo y en la “asamblea general máxima” para acordar dicho plan purépecha.
En rueda de prensa, representantes del CSIM denunciaron la represión contra concejos comunales de Comachuén, Sevina y Nahuatzen, encabezados por la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, cuando se manifestaban ante el ayuntamiento de Nahuatzen por su derecho a la autonomía, presupuesto directo y reconocimiento.
El vocero del CSIM, Pável Uliánov Guzmán, desmintió las acusaciones de la presidenta municipal de Nahuatzen, Mayra Morales, quien lo responsabilizó de la violencia, de recibir el 10% del presupuesto de las comunidades en pago de la asesoría jurídica y que el Consejo Supremo manipuló a las autoridades comunales de Comanchuén, Sevina y Nahuatzen.
Uliánov Guzmán afirmó que la violencia fue generada por la presidencia y la policía municipal. Destacó que el colectivo de Abogados Juchári Uinápekua lleva los procesos de autodeterminación sin cobrar al CSIM, y que las asambleas de Comanchuén, Sevina y Nahuatzen tomaron la decisión propia de manifestarse el 14 de enero, por lo tanto no son manipulados por el Consejo Supremo.
Apuntó que el ayuntamiento de Nahuazten no respeta la autonomía de las autoridades comunitarias; en el caso de Sevina el municipio ha presentado 12 impugnaciones para no otorgar el presupuesto directo. En Comanchuén ocurre lo mismo, señaló, pues las autoridades comunitarias ganaron en tribunales y aún así, “el ayuntamiento les cortó el presupuesto de manera ilegítima”.
El gobierno responde a los movimientos indígenas que buscan autonomía a través de cooptación (“a nosotros nos ofrecieron la titularidad de la secretaría del INPI”), con represión, criminalización y difamación, acusaron los representantes del CSIM.
Para el Congreso Estatal Indígena se sostendrán mesas de trabajo con los temas de Represión y Criminalización de las Comunidades Originarias; Presupuesto Directo, Autodeterminación, Autogobierno y Autonomía; Territorio, Justicia y Seguridad Comunal; Educación y Comunalidad; Mujeres, Vida y Libertad; y Jóvenes y Autonomía.
En la región purépecha, más de una decena de comunidades han iniciado procesos legales para obtener el reconocimiento de sus autogobiernos, lo que implicara la capacidad elegir a sus autoridades comunitarias y el manejo de los presupuestos.
