Comunidades de Guerrero rechazan la entrada de empresas mineras

Foto: Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

Autoridades agrarias y municipales presentan acta de cabildo que niega permisos a concesiones mineras.

Autoridades de 22 núcleos agrarios de la región Montaña y Costa Chica y el gobierno municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, presentaron un acuerdo de cabildo donde se comprometieron a negar permisos, viabilidad de prospección, exploración y explotación de concesiones mineras.

El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Cradet) realizó el 15 de abril una asamblea regional en las instalaciones del Comisariado de Bienes Ejidales de San Luis Acatlán, donde participaron alrededor de 150 personas, entre autoridades comunitarias, ejidales y municipales, así como organizaciones, quienes acordaron proteger el río y evitar el deterioro de la biodiversidad.

Consulta efectiva
Para el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, lo ocurrido fue un ejercicio efectivo de consulta realizado por los pueblos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero donde determinaron defender el territorio ante la llegada de empresas mineras.

Contrario a lo ocurrido en San Luis Acatlán, destacó Tlachinollan, está la propuesta de reforma a la Ley Minera que en la práctica “se trata de un despojo legalizado” pues otorga a la Secretaría de Economía la facultad de realizar consultas lo que permite a las mineras negociar con las comunidades o sus representantes agrarios para facilitar su entrada.

RAN niega inscripciones en actas
Por su parte, las organizaciones Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos denunciaron que el Registro Agrario Nacional (RAN) ha negado de forma sistemática el registro e inscripción de actas, estatutos y reglamentos emanados de procesos de autodeterminación de los pueblos.

La Rema destacó que los pueblos de la Montaña y la Costa Chica llevan 10 años de diálogo en la construcción de una defensa colectiva del territorio, a diferencia de los “falsos procesos de consentimiento” organizados desde el gobierno donde en cuatro horas se toman decisiones que a las comunidades le cambian la vida para siempre.

De acuerdo a datos de la Rema, en Guerrero hay cinco minas operando (en la zona Centro, Tierra Caliente y Norte), hay 12 cárteles y por lo menos 35 mil desplazados por las disputas mineras y el control del territorio.

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