Poder Judicial suspende actividades mineras en lo que se resuelve juicio de amparo.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 14 de abril de 2015
Pueblos indígenas de Puebla y Colima, a través de representantes nombrados en asambleas comunitarias, han presentado tres juicios de amparo contra mega proyectos mineros y en defensa de su territorio y autodeterminación.
Representantes de comunidades de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yahonahuac y Tecoltemi, de Puebla; así como de Zacualpan, en Colima; de las organizaciones Fundar, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Tiyat Tlali (donde participa la cooperativa Tosepan), señalaron que recurrieron a la vía legal pues los pueblos indígenas no fueron consultados en la entrega de concesiones.
Estas tres demandas se suman a las emprendidas con anterioridad por el pueblo wirrárika en San luis Potosí, y el pueblo me´phaa, en Guerrero, quienes también han usado la vía legal para defender su territorio de las corporaciones mineras.
Suspensión de actividades mineras
Las recientes demandas colectivas, han sido aceptadas por el Poder Judicial de la Federación, que a su vez ha otorgado la “suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios”.
Lo anterior significa que mientras duren los trámites de los juicios de amparo, las empresas mineras que detenten las concesiones en dichos territorios no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.
El representante del Consejo Tiyat Tlali (en defensa de nuestro territorio), Leo Durán, calificó las demandas en bloque como un “hecho inédito”, que evidencian un patrón sistemático donde no se consulta a los pueblos para la entrega de concesiones a una industria extractiva que es la que más ha dañado a los pueblos originarios en Latinoamérica.
Por su parte la representante de Fundar, la abogada Itzel Silva, sostuvo que para los pueblos indígenas la tierra no es una mercancía; además, “ante las concesiones mineras se amenaza la supervivencia de estas comunidades”.
Concesiones mineras inconstitucionales
Otro de los asesores legales, Javier Martínez, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó que los artículos 6, 10, 13, 13 bis, 15 y 19 de la Ley Minera, que reconocen la actividad pública de la actividad minera sobre cualquier otro uso, chocan contra los derechos humanos de los pueblos indígenas.
El abogado agregó que con las demandas se busca “que se declaren como inconstitucionales estos preceptos y en consecuencia, se declaren inconstitucionales las concesiones mineras, en el marco del reconocimiento pluricultural que hay en México”.
Caso Carrizalillo: deterioro, mala salud y crimen organizado
Los representantes de las comunidades ejemplificaron de los daños de la minería con lo ocurrido en El Carrizalillo, Guerrero, donde la compañía Goldcorp ha ocupado más del 85% de su territorio y lo poco que no se ha destruido está contaminado.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), documentó que en Carrizalillo el 70% de la población presenta daños en la salud, “todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera y, en algunos casos, la familia entera está enferma”.
Además a ocho años de la llegada de la minería la mitad de la población ha sido desplazada por la violencia y extorsiones del crimen organizado, que llegó atraído por la actividad minera, señalaron.
