Concentraron en un manifiesto críticas y peticiones ante intentos de privatizar la propiedad social.
Activistas, asociaciones civiles, indígenas y ejidos de Oaxaca emitieron un manifiesto contra la Ley de Ingresos 2024 del estado, al igual que contra el gobernador Salomón Jara. Pues, los manifestantes consideraron que en la Ley se promueve la privatización de la propiedad social de la tierra, lo que atenta contra los derechos a la autodeterminación indígena y a la propiedad colectiva.
El manifiesto cuestiona en particular el “Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, contenido en el artículo 25 de la Ley de Ingresos, que pretende incorporar a la propiedad privada los predios colectivos, pues “representa la política neoliberal salinista de privatizar la tierra de los ejidos y comunidades”.
Según la declaración, un gobierno que se autoidentifica como de izquierda y progresista “ética y moralmente no debe operativizar la política neoliberal impuesta por los gobiernos conservadores del pasado”.
Además de que resulta contradictorio que un gobernador, Salomón Jara, que proviene del pueblo zapoteca y se jacta de ser de “territorios y no de escritorios” desconozca las “formas de organización ancestrales” que marcan el día a día de comunidades y ejidos. Formas de gobierno reconocidas por el artículo 2º Constitucional y los artículos 4, 5, 6 del Convenio 169 de la OIT.
El manifiesto desconoce la pretensión del gobierno estatal de ser “la primavera oaxaqueña” y de solo buscar el crecimiento de la base catastral gravable. Los signatarios consideraron que visitar los 570 municipios de la entidad fue insuficiente para conocer la “realidad y el contexto social de las más de 10 mil comunidades que existen en Oaxaca”.
En el texto se argumenta que la propiedad social, ejidos y comunidades, ya cuenta con certeza jurídica a partir de la Ley Agraria. Además, este considera que una ley secundaria no puede afectar los derechos constitucionales y convencionales reconocidos para las comunidades agrarias.
Acusa que el “Programa de Certeza” no beneficia en lo absoluto a ejidatarios ni comuneros, sino que “la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios”. Eventos que suceden en el marco de megaproyectos en la región del Istmo de Tehuantepec y nuevas concesiones mineras.
Los manifestantes consideraron que las aportaciones no monetarias, en forma de tequio y trabajo comunitario, exceden a los montos que se recaudarían por concepto de impuestos a la propiedad privada. Sin embargo, con su “lógica neoliberal” el Gobierno de Oaxaca privilegia la inversión en programas asistencialistas con base en gravámenes municipales.
El manifiesto demanda al gobernador Salomón Jara que envíe al Congreso del Estado una iniciativa para abrogar el Artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024. Pues, está “asesinando a la civilización milenaria de nuestros pueblos y comunidades indígenas agrarias y ejidos, frente a una crisis recaudatoria capitalista”.
Adicional a las peticiones al Gobernador de Oaxaca, se convoca a la sociedad civil y pueblos indígenas a movilizarse hasta conseguir la abrogación del “Programa de Certeza Jurídica”. Además, el manifiesto remata que defenderán hasta las últimas instancias legales disponibles la invalidez del decreto que lo aprobó.
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